La defensa del vocal sostiene que la autoridad jurisdiccional no respetó la resolución de acción de libertad. Asimismo, se conoció que los abogados defensores no tienen acceso al cuaderno de investigación
La defensa del vocal suspendido, Ricardo Chumacero, recusó ayer al juez anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, bajo el argumento de no cumplir con la resolución de Acción de Libertad que se dio en favor del vocal, y que fue remitido al Juzgado Primero cautelar de El Alto.
El juez Pinto, que efectuó la audiencia en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en la calle Potosí. La base del argumento plateado en la audiencia cautelar surgió luego de la negativa del juez Pinto de dar cumplimiento a la orden de acción de libertad emitida por un tribunal de garantías, el pasado sábado en favor del vocal Chumacero, explicó la abogada Cecilia Rocabado.
Durante la audiencia, no se tocó el tema de fondo y fue interrumpida con las fundamentaciones tanto de fiscales como de la defensa.
Rocabado aludió como base de la recusación, que el juez Pinto mantenía un aparente “interés personal” sobre el proceso además de que se discutió la especialidad que la autoridad tenía sobre el tema anticorrupción.
El juez Pinto desestimó los argumentos de la defensa, sin embargo, dictó resolución pasando el caso al Juzgado Primero de Materia en lo Penal de El Alto y el acta de la audiencia al Tribunal Departamental de La Paz para su revisión.
MINISTERIO PÚBLICO
Durante la audiencia que se llevó ayer, Liliam Calderón, parte de la comisión de fiscales que investiga lo relacionado a la fuga del súbito peruano Martín Belaunde, el pasado 24 de mayo, negó que se haya privado del acceso a los cinco cuerpos del cuaderno de investigaciones y explicaron que este fue dado para su revisión desde las 19 horas del domingo hasta las dos de la madrugad del lunes.
Sin embargo, la defensa critico estas afirmaciones, aduciendo que la comisión de fiscales solo permitió el acceso a parte de los testimonios y algunas resoluciones.
El abogado de Chumacero, Eric Sossa, pidió a través de los medios de comunicación, revisar los acuerdos de investigación y que sean expuestos pues no se declararon la reservada las actuaciones.
El pedido de Sossa fue hecho sobre el argumento de que en este acuerdo, donde Valda se somete a proceso abreviado, no se menciona al vocal Chumacero ni ningún pago de dinero y que la versión habría salido de otro testimonio efectuado por Yuliano Arista (el Curaca Blanco).
Se enfatizó que además de estos dos testimonios, de los cuales se cuestiona su veracidad y porque no fueron obtenidos de testigos, sino de imputados que están velando sus intereses, la comisión de fiscales no cuenta con prueba material en contra de Chumacero.
CONARE
Por su parte, los representantes de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) reiteró la querella contra los dos magistrados, Ricardo Chumacero y Ramiro López, del Tribunal Departamental de Justicia, a quienes acusó de haber favorecido con una resolución de amparo al empresario Martín Belaunde y dejar sin efecto una resolución de esa institución.
Según el presidente de la Conare, César Siles, existe una denuncia ampliada contra los dos vocales de parte los ministros de Relaciones Exteriores, Gobierno y Justicia por considerar que hubo vulneración a los delitos de Prevaricato, Incumplimiento de Deberes y Cohecho Pasivo de jueces y fiscales por haber dejado en incertidumbre a la institución que representa.
De acuerdo con las investigaciones, una filme existente sería una de las pruebas, además de declaraciones de vertidas por otros implicados que habrían revelado que los dos magistrados fueron beneficiados con dinero y un vehículo, este último abandonado en el estacionamiento del Megacenter de la zona de Irpavi, en la ciudad de La Paz.
Una filmación de las cámaras de seguridad revelaría el momento en que el motorizado es abandonado por el vocal Chumacero.
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