El aumento de salarios dispuesto por el Gobierno ha causado, en la mayoría de los empresarios privados, mucha preocupación por las consecuencias que tendría ello en el futuro y, de inmediato, por las dificultades que implica el logro de mayor dinero que, además, significa incremento de las cargas sociales, como es el aguinaldo, los aportes a la seguridad social, los reajustes en las reservas para beneficios sociales y, en grado extremo, el doble aguinaldo que seguramente el Gobierno dispondrá que se cancele.
El sector privado indica que la medida es insostenible porque implica, por otro lado, que gestión tras gestión se repita la obligación de nuevos incrementos. Así, dicen los empresarios, no habrá forma de crecer y hasta el riesgo de cancelar operaciones no estaría muy lejano. Innegablemente, sostienen muchos de ellos, para una parte de la actividad privada, es posible todo incremento salarial porque resulta recuperable a través de lo que venden o los servicios que prestan que tendrán nuevos precios que, lógicamente, tendrá que absorber el pueblo.
La medida dispuesta -como todos los años desde 1985- tenía vigencia sólo para el sector público y los porcentajes fijados eran simple referencia para que el sector privado pueda realizar conversaciones con sus trabajadores y “fijar incrementos conforme a las posibilidades”. El hecho de haber dispuesto porcentajes fijos y pagaderos retroactivamente desde enero, vulnera de algún modo lo dispuesto por el Decreto Supremo 21.060 que deja al sector privado sin libertad de negociaciones con su planta de empleados y obreros.
Para buena parte de la industria, por ejemplo, mantener los índices de producción -especialmente con nuevos precios para las materias primas y la obligación de pagar más salarios- implica que haya que subir precios de lo que se produce; pero, ello significa reducir el número de consumidores que también se ve afectado por la crisis al recibir dinero con menor valor adquisitivo que no alcanza mayormente para la atención de las necesidades más premiosas. Precios altos de la producción debido al aumento de costos; mayores obligaciones sociales “atan de manos” a los empresarios, especialmente a aquellos que pensaban ampliar instalaciones, aumentar la producción y vender más.
Hay, pues, preocupación en buena parte del empresariado porque la anunciada rebaja de intereses en el sector bancario tampoco es solución, porque esos intereses -que en realidad no son bajos- complican la crisis y hacen insostenibles las operaciones. Finalmente, hay que convenir que el rubro de exportaciones ha bajado grandemente debido a la competencia con producción china o de otras naciones que tienen costos bajos, alta producción y pueden ser competitivas en todo sentido. El problema, pues, es álgido y tendría que tener soluciones así sea a mediano plazo; de otro modo, muchos empresarios se verán en la necesidad de reducir operaciones y personal.
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