Políticas y actos de fracaso en el escenario nacional

Una serie de decisiones del Gobierno constatan precipitación, improvisación, imprevisión y falta de planificación y madurez administrativa, en un marco creciente de corrupción, pese a 10 años al frente del manejo de la cosa pública y abarcar tres períodos consecutivos de gobierno. Si el bien común es la regla de oro de todo Estado organizado, las falencias señaladas restan al pueblo progreso y bienestar. Es aventurero pretender zafarse de ciertos modelos establecidos en nombre de ensayos revolucionarios inconsistentes. Tropezar en las mismas piedras que otros es no saber leer los riesgos que ofrecen aleccionadoras lecciones ajenas. El destino de los pueblos no es un conejillo de indias para experimentar al azar o a la novedad. La seguridad de los actos es el quid del éxito.

Entre las políticas fracasadas o a punto de fracasar, se puede enumerar algunas de orden político y económico. Empezamos apuntando el fiasco del voto popular para la elección de la cúpula del Órgano Judicial, que en expresión de mea culpa luce el epitafio de no haber servido de nada los “ponchos y abarcas en la Justicia”. Ésta que nunca fue un timbre de honor en las últimas décadas, hoy ha tocado fondo para martirio de unos y desilusión de todos.

Lo propio puede decirse de la elección del Tribunal Supremo Electoral, cuya performance negativa es harto conocida por todos. No faltaron voces de advertencia sobre que el voto para constituir el instituto de la Justicia era y es lo más desaconsejable y funesto, al extremo que los países que lo aplicaron alguna vez, tardaron más en suprimirlo que en haberlo adoptado. Afortunadamente, la Ley de Transición del TSE, de reciente promulgación, dispone que la Asamblea Legislativa elegirá a los miembros de ese Órgano previa selección y evaluación de postulantes.

Esta es precisamente la prueba de fuego para que se demuestre idoneidad y ponderación en la elección, desterrando el favoritismo partidista y la exclusión premeditada. Sin embargo, no deja de originar serias dudas que ahora más que nunca el oficialismo no puede prescindir de un monitor electoral que le sea sino incondicional por lo menos favorable.

Otro experimento fracasado es el corporativismo de los movimientos sociales copando el Órgano Legislativo y los demás del Estado. Un ejemplo claro está en el desventurado TSE cesante, integrado con miembros de la Csutcb, de las Cooperativas Mineras y de los grupos de originarios del Oriente adictos al oficialismo.

Figura también en el rango político la inusitada asistencia del Primer Mandatario a la entrega de Martín Belaunde, responsable de presuntos ilícitos en el Perú, no obstante que la palabra presidencial lo calificó como “delincuente”. Los mandatarios peruanos no acostumbran recibir a personajes de esa calaña, fue la respuesta a la extrañeza por la ausencia de Ollanta Humala a la recepción del ex prófugo. El presidente de un país debe saber darse su lugar. En un rango intermedio se encuentra la carretera al Tipnis, que “se realizará” de todo modos y cualquiera sea su costo político y medioambiental.

En lo económico la sarta es larga, pero la “madre del cordero” es, sin duda, la concesión de contratos millonarios sin licitación, contradiciendo la legislación nacional en la materia. El pretexto es el ahorro de tiempo y de trámites, aunque a trueque de sufrir defraudaciones rayanas en burla, como viene ocurriendo en detrimento de la dignidad y de la economía nacional.

Pasamos a señalarlos empezando por la compra a China Popular -debilidad adquisitiva del Gobierno fincada en motivos ideológicos- de barcazas y remolques fluviales mediante un pago adelantado de más de 30 millones de dólares, costo total de estos equipos que nunca llegaron al país, ni llegarán. Ítem aparte es el emporio ferroso del Mutún cedido al consorcio indio Jindal Steel, cuya ejecución de sus boletas de garantía generó una retaliación mucho más cuantiosa, ventilándose en instancias internacionales.

En la historia de contrataciones de compras y servicios -siempre en el mismo tren del capitalismo chino contemporáneo- suman y siguen distintos emprendimientos de los que una mayoría, sino todos, acusan defectos de ejecución, atrasos o incumplimiento absoluto, en este caso ya relatado. A la vista está, con sus luces y sombras, la Planta de Urea y Amoniaco y la construcción de línea férrea que partiendo de Bulo Bulo (Cochabamba) debe culminar en Montero (Santa Cruz); el casi misterioso Ingenio Azucarero de San Buenaventura, el proyecto de embalse de Misicuni en el departamento de Cochabamba y, como si los indicados no fuesen suficientes para rebasar el vaso de la paciencia, el Gobierno firma con la misma Camc Engineering Cía. la construcción de la Planta de Cloruro de Potasio de Uyuni por 178 MM de dólares, mientras parece que YPFB adquiere taladros de la misma firma por un monto de 60 millones de dólares, maquinaria que sería objeto de fallas operativas. Total una suma más que millonaria en un entredicho poco consecuente con el esperado provecho de una bonanza sin paralelo. He ahí otra crónica de frustraciones y embelecos de nuestra compleja historia, esta vez a ritmo de “cambio”.