Expropiaciones afectan inversiones en el país

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) atribuyó a las expropiaciones efectuadas por el gobierno del presidente Morales la caída de las inversiones en el país. Por su lado, el Banco Mundial recomendó “claridad, sustentabilidad y normas justas en las futuras reglas que normarán las inversiones”.

Es un hecho reconocido mundialmente, que el capital no sólo financiero sino tecnológico y humano, es temeroso a acciones que asuman los gobiernos para estatizar o nacionalizar empresas pertenecientes al sector privado y de esa preocupación se desprende el hecho de que posibles inversionistas rehúyan la posibilidad de ingresar en países que no garantizan debidamente las inversiones.

Muchas veces, al calor de las experiencias, se ha sostenido la urgencia de evitar nacionalizaciones o estatizaciones de empresas privadas porque esas medidas, directa o indirectamente, implican un serio y definitivo aviso o prevención a quienes querrían invertir en Bolivia porque el mensaje es claro: “No lo hagan porque, de hacerlo, corren el riesgo de verse privados de lo que hayan creado, por efecto de las expropiaciones o estatizaciones”.

Las experiencias dejadas desde el 31 de octubre de 1952, en que se “nacionalizó” las tres grandes empresas mineras y sobre esa base se creó la COMIBOL, han sido más que suficientes para no repetir lo que el Gobierno de entonces consideraba ”una hazaña en favor del pueblo”, cuando en la realidad resultó ser una “carga para el pueblo”, porque si bien la minería, la gran minería era una parte del sustento presupuestario del país, por efecto de la nacionalización, el TGN se convirtió en sustento de la minería nacionalizada que, desde su inicio, fue administrada pésimamente.

Las “nacionalizaciones” de mayo de 2006 han sido terminantes mensajes para que capitales extranjeros no lleguen al país, aunque lo que se hizo con el apelativo de “nacionalización” fue un simple cambio de contratos; pero el mismo hecho que ha significado para los posibles inversionistas una estatización, ha desanimado cualquier intento para crear riqueza y generar empleo en Bolivia. Si a todo ello se agrega el hecho de la no existencia de garantías jurídicas, el problema se agravó y, luego de aprobada la Ley de Inversiones, sin los reglamentos necesarios, se despertó más susceptibilidades.

El Gobierno, por su propio prestigio y responsabilidad, tiene la obligación de redactar y aprobar los reglamentos para la Ley de Inversiones, ya que nadie se explica las razones por las que no hayan sido aprobados al mismo tiempo de la respectiva ley. Finalmente, tendrá que evitar, por las mismas experiencias sufridas, hablar de estatizaciones o nacionalizaciones que nada bueno acarrean al país y son los mejores medios para evitar confianza, credibilidad y voluntad hacia el país.