Anhelo policial que se desvanece por otra cumbre

Al final de la Quinta Cumbre de Seguridad Ciudadana que se llevó a cabo en el salón de eventos “El Portal” de Cochabamba - Bolivia, el viceministro del área, Gonzalo Lazcano, entre otras cosas dijo: “... no hubo nada que obstaculice el éxito de esta cumbre, se ha realizado un trabajo excepcional con la participación inclusive de autoridades que no son de la línea del gobierno...”, como si para tratar sobre la seguridad ciudadana importara la línea política.

La declaración del Viceministro -que no hace la diferencia de una cumbre de seguridad ciudadana con otra de los partidos políticos- expresa la visión de muchos servidores públicos que anteponen su posición política partidaria al de la responsabilidad sobre la seguridad ciudadana.

El éxito personal o el de un evento puede ser medido a través de la imaginación, profesión, dinero, posición social, etc. Para la V Cumbre de Seguridad Ciudadana, entiendo que existe un sinfín de indicadores reales, objetivos, imparciales -por citar uno, las estadísticas-, con cuyos resultados sería posible evaluar objetivamente todo el desarrollo del evento en cuestión. Nos permitiría saber el crecimiento o decrecimiento delictivo en nuestro medio o si se viene cumpliendo el objeto y los fines por el que fue promulgada y puesta en vigencia la Ley No. 264 de 31 de julio de 2012 (Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para Una Vida Segura”), su Reglamento de 14 de diciembre de 2012, incluso del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012 – 2016.

Muchos bolivianos tendríamos suficientes motivos para entusiasmarnos con las conclusiones de la V Cumbre de Seguridad Ciudadana, si en ella se hubiera evaluado las responsabilidades en materia de seguridad ciudadana de las Entidades Territoriales Autónomas Departamentales, Municipales, Regionales e Indígena Originario Campesinas. Entiendo que uno de los cinco puntos a los que arribaron las nueve mesas que trabajaron durante dos días, pidió a las instituciones participantes el cumplimiento de los compromisos y las propuestas, como si para ello no existiese en la Ley 264 la Comisión y los Consejos de Seguridad Ciudadana, que además -dicho sea de paso- deben nutrirse de la información de los Observatorios de Seguridad Ciudadana para la formulación y el diseño de las políticas públicas, planes, programas y proyectos en materia de prevención, mantenimiento y restablecimiento de seguridad ciudadana.

En el mismo evento (de acuerdo con los medios de comunicación), el ministro Romero habría pedido la conformación de una mesa tecnológica, donde se elaboraría proyectos que permitirían la modernización de la Policía, los recintos carcelarios y el control eficiente de los privados de libertad que tienen detención domiciliaria.

La modernización de la Policía, propuesta bajo los términos del Ministro citado, desnuda nuevamente la temida sospecha sobre la ausencia de una estrategia estatal, viable y sostenible que permitiría empoderar a la institución del orden. ¿Podría una mesa tecnológica innovar en dos días lo que el Estado Plurinacional no logró hacer en diez años? ¿El cambio, modernización, transformación... de la Policía Boliviana es responsabilidad del Estado o de una mesa tecnológica? ¿De quién depende la Policía Bolivia -o mejor-, a quién está subordinada?

Al final, a quién le corresponde marcar la ruta que debe seguir la Institución del Orden; quién la lidera, quién propone una Policía de Estado, cómo terminamos de legitimarla. Si es tarea de los movimientos sociales, como lo insinuó el ex ministro de Gobierno Hugo Moldiz, o de la propia Policía, como lo vienen diciendo otras autoridades en función de gobierno, que así sea, pero si la Constitución Política del Estado Plurinacional en su Art. 252 dice lo contrario y le otorga la responsabilidad a la cabeza del sector (Ministro de Gobierno), en representación del Estado, está claro que esta autoridad está incurriendo en incumplimiento de funciones y no habrá en la tierra poder alguno que opere los ansiados cambios en la Institución del Orden, en tanto y en cuando sigamos haciendo lo mismo, desnaturalizando nuestra Constitución Política.

El autor es Licenciado en Ciencias Políticas.