Eduardo León, abogado que presentó la denuncia por presuntos malos manejos económicos en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), descalificó ayer el informe presentado por la interventora Lariza Fuentes Justiniano, y afirmó que no son 30 proyectos fantasmas sino más de 100 con daño al Estado de al menos cuatro mil millones de bolivianos.
En criterio del abogado, lo que no se está haciendo es investigar el desvío de fondos a cuentas privadas del cual no dicen nada porque en su criterio el Fondo Indígena invirtió en tres mil proyectos superando los cuatro mil millones de bolivianos.
También observó que los verdaderos responsables no están siendo procesados porque en su criterio están bajo la protección del Gobierno.
Por ello, aseguró que hoy presentará las pruebas y sugerencias para que la investigación no sea dirigida con el informe de la interventora.
Aseguró que la investigación no busca sancionar a organizaciones sociales sino a dirigentes que se han “enriquecido” con el dinero del Fondo Indígena.
“Debe quedar bien en claro que esta investigación no busca sancionar a organizaciones sociales sino que se sancione a las personas que se han enriquecido con el dinero del fondo indígena”, mencionó.
Al respecto, ayer en conferencia de prensa, el presidente del Estado advirtió que el proceso continuaría y conminó para que sea sancionado “caiga quien caiga”.
TRANSPARENCIA
La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, afirmó que los recursos desembolsados para 1.100 proyectos del Fondo Indígena fueron a parar a cuentas particulares a causa de una normativa errónea que emitieron los exdirectores.
“No es que se fueron a parar dineros a cuentas particulares solamente de ciertos dirigentes, absolutamente en los 1.100 proyectos financiados por el Fondo Indígena, todos los beneficiarios, al amparo de esta errónea emisión de la normativa, recibieron los recursos financiados del Fondo Indígena en sus cuentas particulares”, declaró la autoridad en entrevista con radio Panamericana.
La autoridad explicó que a causa de la emisión de esta normativa errónea se posibilitó las transferencias público-privadas a cuentas particulares, por tal deficiencia están detenidos preventivamente los exdirectores.
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