Caso barriles de cemento asfáltico

Gobernación busca reparación de daños



DIRECTOR DE GESTIÓN JURÍDICA DE LA GOBERNACIÓN, ÁLVARO REYES.

El exalcalde de San Buenaventura, Adalid Carbajal, podría ser nuevamente procesado por el caso de la desaparición de 1.500 barriles de cemento asfáltico, buscando la reparación del daño económico ocasionado a la Gobernación de La Paz, informó el director de Gestión Jurídica de la Gobernación, Álvaro Reyes.

Para lograr aquello, se ha solicitado un informe a la Secretaria de Finanzas de la Gobernación, para saber el monto económico por el que la Gobernación paceña resultó perjudicada.

Reyes informó que el exalcalde de San Buenaventura, fue condenado a cinco años de presidio a cumplir en el Centro Penitenciario de San Pedro, por disposición del presidente del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, Humberto Vizcarra, por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica, Peculado, Uso Indebido de Influencias, Uso Indebido de Bienes Públicos. Los últimos informes dan cuenta que la exautoridad se acogió a juicio abreviado.

Entre los detalles del proceso, dijo Reyes, está el hecho de que Carbajal se contactó con Carlos Antonio M. L., Mario L. D., Manuel Jesús F. A. y Efraín G., quienes presuntamente se encargaron de que los 1.500 barriles de cemento asfaltico, no lleguen a San Buenaventura.

Asimismo, explicó que el Ministerio Público procederá con la notificación de los edictos, además del mandamiento de aprensión para Carlos Antonio M. L., Mario L. D. y Manuel Jesús F. A., quienes se encuentran prófugos y declarados en rebeldía, por no brindar sus declaraciones informativas.

En el Caso de otro de los coimputados, Efraín Gonzales, dijo que también se sometió a juicio abreviado, y le dieron una condena de tres años de presidio.

El exasambleísta, Marco Antonio Mollericona, se encuentra con detención domiciliaria, hasta que el Juez de la causa se pronuncie sobre su condena o de su inocencia. Sin embargo, aclaró que existe antecedentes sobre el incumplimiento a la detención domiciliaria por lo que solicitarán la revocatoria de la medida ante el Juez.

“La Gobernación hizo seguimiento minucioso a las disposiciones legales hicieron que la Asamblea Departamental tenga abandono de querella en el proceso, porque no presentaron la acusación, por lo cual se les dificulta poder presentar otra demanda en torno al caso”, subrayó.

 
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