Buenos Aires.- La Justicia argentina dio ayer cinco días de plazo al Ministerio de Economía para responder a una petición opositora que reclama la actualización del índice de pobreza en el país sudamericano, cuyas últimas cifras se remontan al primer semestre de 2013.
La jueza federal María José Sarmiento resolvió dictar un oficio al Poder Ejecutivo para que informe cómo se mide la pobreza desde el cambio de metodología implementado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dos años atrás.
En los argumentos de su fallo, recordó que en la Constitución se contempla el derecho al “acceso a la información pública del Poder Ejecutivo”.
Sin embargo, la jueza rechazó obligar al Gobierno mediante una medida cautelar a la “inmediata publicación de los índices de pobreza e indigencia” por no considerar acreditado el peligro que supone la demora de la difusión de los datos. (EFE)