Sectores cuestionan exceso de centralismo en estatutos

A pocos días de la realización del referéndum para aprobar o rechazar los estatutos autonómicos de cinco departamentos, empiezan a aumentar los cuestionamentos sobre el exceso de centralismo en esos documentos, especialmente, en aspectos vinculados al tema productivo, educativo y político.

Algunos partidos de la oposición hicieron conocer sus observaciones al contenido de los estatutos, entre ellos Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), así como también el Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

También la Agencia de Noticias Fides (ANF), hace una interpretación de algunos artículos del estatuto paceño, asegurando que el documento supedita su presupuesto al Plan General de Desarrollo (PGD) y establece el control gubernamental hacia sus recursos económicos provenientes de regalías, impuestos, transferencias, legados y hasta donaciones.

Continúa sosteniendo que el artículo 60 del documento señala que el Presupuesto General del Gobierno Autónomo de La Paz, será elaborado de conformidad al Plan General de Desarrollo (PGD), al Plan de Desarrollo Departamental y a los principios contenidos en el artículo 321 de la Constitución Política del Estado (CPE), que incorpore mecanismos de participación y control social en el marco de la transparencia fiscal y equidad social.

Asegura que de ser aprobado el estatuto, el presupuesto general del Gobierno Autónomo de La Paz incluirá la totalidad de ingresos, recursos financieros y gastos de sus empresas, proyectos e instituciones públicas departamentales y las asignaciones generales, los ingresos extraordinarios provenientes por concesión, donación y el presupuesto asignado por el Tesoro General del Estado. 

Menciona también que una vez aprobado el presupuesto institucional por la Asamblea Legislativa Departamental, este no podrá ser modificado por otras instancias sin la aprobación del mismo ente legislativo.

En tanto, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) rechazó por completo el estatuto pues lo considera “´centralista”, porque no establece a Potosí como domicilio legal de las empresas que operan en la extracción de los recursos naturales de ese departamento, entre otros elementos. Respecto a Cochabamba, cuatro organizaciones civiles manifestaron su desacuerdo con el contenido.