Condenan a Ecuador por leyes contra libertad de expresión

Ginebra.- Un grupo de expertos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciaron ayer las normas vigentes en Ecuador que vulneran la libertad de expresión y asociación en el país, entre ellas un decreto que establece “restricciones inaceptables” de ambos derechos.

De manera directa, reclamaron que se detenga el procedimiento de disolución de Fundamedios, a la que calificaron de “destacada organización de la sociedad civil dedicada a la promoción de la libertad de expresión y de medios”.

La Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) de Ecuador inició un proceso de disolución en su contra tras acusarla de actividad política, en violación de sus propios estatutos.

Los expertos de Naciones Unidas dijeron que el decreto en el que se basa la SECOM otorga a las autoridades poder para cerrar organizaciones en función de condiciones “amplias y ambiguas”.

Concretar el cierre de Fundamedios supondría una “violación de los estándares internacionales de derechos humanos”, opinaron los relatores sobre la libertad de reunión y asociación, Marina Kiai; sobre libertad de expresión y opinión, David Kaye; y sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michael Forst.

Se unieron a esta declaración los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Orozco Henríquez y Edison Lanza.

Según estos especialistas en derechos humanos, es “la acción del gobierno la que tiene tintes políticos más fuertes”.

Aclararon que la razón fundamental citada para disolver Fundamedios puede ser utilizada para obstaculizar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

Por ello, pidieron al Gobierno ecuatoriano que desista de esa intención, que garantice los derechos de asociación y de libre expresión y le ofreció su asistencia técnica en estas cuestiones, si la requiere.

“Las personas que se constituyen en una asociación tienen el derecho a tener opiniones y difundir informaciones de toda índole, incluso políticas, sin interferencia del Estado”, subrayaron.

Continuaron afirmando que “el discurso no puede ser reprimido simplemente porque puede ser interpretado como político”. (EFE)