“Los árboles mueren de pie”

La pertinaz decisión del gerente de la empresa estatal “Mi Teleférico” -que resultó ser un militar que figura en el servicio activo y que hace más de dos años aparece como declarado en comisión al Viceministerio de Transportes, con un salario anual de Bs. 349.500, es decir con el segundo aguinaldo más de 30.000 bolivianos mensuales de salario, habiendo sido ascendido al grado de coronel, pese a estar hace cinco años en labores fuera de la Fuerza Aérea y que suele aparecer como ingeniero-, de construir la línea blanca de ese medio de transporte turístico, agrediendo normas constitucionales, legales y reglamentarias, a pesar del rechazo de los vecinos de Miraflores, es una muestra más del autoritarismo del actual régimen de gobierno que no cumple las normas legales y menos escucha a los ciudadanos.

La opinión pública sensata, reflejada en los medios de comunicación independientes del poder político, los pronunciamientos de las organizaciones cívicas y vecinales paceñas, no puestas al servicio del poder político y la prebenda, como un inexistente Comité Cívico que nadie lo eligió, ha levantado su voz de protesta ante la tala de una treintena de árboles de los jardines de la avenida Busch, sin la correspondiente autorización municipal, como lo establece la norma.

Cuando un ciudadano derriba un árbol o lo tala sin previa autorización, el Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz procede a levantar un proceso que acaba en la aplicación de una multa, pero hasta la fecha no sabemos que las autoridades municipales hubieran hecho cumplir la norma de protección al medio ambiente.

Las áreas públicas urbanizadas son en derecho “res comunis” es decir cosa de todos los ciudadanos y habitantes, y en consecuencia el uso del espacio aéreo y subsuelo que es parte del territorio, tiene también que ser autorizado por el administrador de esa propiedad común de todos, y además se debe fijar un canon por el uso de ese territorio, lo que no ha sucedido con el tal teleférico, que debe pagar por el uso de esos espacios públicos.

El atentado que efectúa al ornato público de nuestra ciudad, la empresa del proyecto del teleférico, al agredir a la única avenida “jardín” como es la Busch, que fue diseñada por el recordado arquitecto, autor del desarrollo urbano paceño, Emilio Villanueva, de afectar a dos plazas históricas como el parque Triangular, donde estaba el monumento al héroe americano de las luchas independentistas, General San Martín, la plazuela donde está al monumento al héroe de la Guerra del Chaco y precursor del nacionalismo revolucionario, Germán Busch Becerra, y la Plaza Villarroel, donde están los restos de los más destacados hombres de la Revolución Nacional, que quedará reducida a menos de la mitad de su espacio, así como el corte de la avenida Busch con una construcción que la atravesará horizontalmente, y la afectación a espacios verdes, parques y jardines, es resultado de la política de “le meto nomás”, atropellando normas, disposiciones municipales y la opinión pública.

Este atentado se origina en la decisión personal de una autoridad municipal transitoria, de “nefasto” paso por el gobierno municipal, por la discrecionalidad de sus actos, como el de disponer el uso de espacios públicos, sin el conocimiento y autorización del Concejo Municipal, donde están los representantes de la ciudadanía.

Las disposiciones sobre edificaciones, obras, transporte, servicios, etc., insertos en la Ley de Municipalidades y otras normas, disponen que ninguna obra será efectuada (pública y privada), sin la autorización de los mecanismos técnicos del gobierno municipal, en caso contrario deberá ser demolida y sus autores deberán pagar las mulas correspondientes a su incumplimiento. Las declaraciones del Alcalde Municipal de nuestra ciudad, observando la no autorización que corresponde a las obras de la línea blanca del teleférico, son la prueba elocuente del desacato.

El apoyo al teleférico obtenido haciendo firmar a los usuarios alteños de las líneas que usan para trasladarse a la ciudad de La Paz, es otra muestra de la impostura de los encargados de esta obra, así como el apoyo de falsos dirigentes de la paceñidad, seguramente a cambio de prebendas.

Cuando el país retorne a un “estado de derecho”, seguramente se deberá desmantelar el tal teleférico, y sus costos tendrán que ser “repartidos” entre quienes hoy, desde el poder ciego, hacen del “siniestro poder de la ignorancia” su política, como lo dijo el destacado arquitecto Juan Carlos Calderón.