Bolivia demanda la devolución de su Litoral

Llegará la alborada en que desde las playas del océano Pacífico sur vaya a todos los mares el rumor gozoso del pueblo boliviano que va a recuperar sus puertos soberanos, después de vivir injustamente enclaustrado.

El dominio actual que Chile ejerce sobre el Litoral ocupado, es un dominio de fuerza, impuesto sin respeto al derecho. Es un despojo que se ha originado después de firmado el fraudulento Tratado de 1904, el cual equipara los derechos legítimos de propiedad boliviana con el dominio ilegal chileno sobre un territorio ocupado durante la invasión y la guerra.

La invasión de 1879, la ocupación de 1884 y el despojo de 1904 son los antecedentes de fuerza militar, no de derecho, con los que Chile ha despojado y detenta hoy el Departamento del Litoral.

El tratado de 1904 debe terminar como un instrumento de dominio colonizador, y Bolivia debe acabar con ese fraude. Chile insiste en su intangibilidad con amenazas militares. Esa es la naturaleza de la “paz” del tratado en que se hallan actualmente las relaciones de vecindad.

Pedir a Chile cumplimiento del “tratado de paz” y la mejora del “libre tránsito”, es como pedir soga para ahorcarse.

Bolivia debe reclamar lo que es suyo propio, a pesar del dominio “absoluto y perpetuo” que Chile le impone con un despojo armado. No existe hoy la intangibilidad de los tratados en el derecho internacional público; tampoco la eternidad del despojo impuesto por un país sobre otro.

Vergüenza debería dar a quienes quieren trocar mar por recursos naturales o por mayores enajenaciones territoriales, satisfaciendo la eterna codicia del usurpador de siempre.

Chile ha obtenido nuestra riqueza mediante el despojo y la ley filibustera de que la agresión y la victoria dan derechos, y los bolivianos seguimos embaucados con la fraseología de la confianza mutua y esperando la limosna de la “cualidad marítima” que el soberbio agresor tenga a bien concedernos en una negociación por un corredor inservible sin puerto al norte de Arica.

El Gobierno boliviano debería impugnar la política de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y del Pacto de Bogotá, impuesta por las grandes potencias a su conveniencia, donde impiden que la Corte pueda revisar tratados internacionales impuestos a la fuerza, como el de 1904, lo cual va en contra de los derechos del pueblo de Bolivia.

Las embajadas bolivianas tienen que publicar por todos los medios la escandalosa usurpación de 1879, y Bolivia debe proceder a buscar aliados en su justa demanda, ya que cualquier negociación con Chile siempre será un fracaso, porque tenemos que darnos cuenta que el trato bilateral nunca ha encontrado ni la más remota intención de reparación por parte de Chile al daño causado con su asalto invasor.

Los alcances de un fallo de la Corte de La Haya, para una obligación a negociar, seguramente no serán bien establecidos, y menos esa negociación será necesariamente favorable a la parte demandante.