La subordinación al poder civil

QUÉ SABE EL EJÉRCITO DEL DS 2.507

Parece una novela de terror, pero ya lo veníamos avizorando, ya que en una nota anterior, publicada en el mismo medio escrito el 4 de septiembre pasado, hicimos conocer lo que se venía gestando en contra del Ejército, específicamente en contra del Comando de Ingeniería del Ejército y de la Empresa de Construcciones del Ejército (ECE). En aquel artículo manifestamos que habían intereses oscuros para que esta empresa sea cerrada, pero lo más grave se venía gestando a espaldas de los militares y de los subalternos, porque hasta la fecha el Alto mando militar a la cabeza del Gral. Salinas no se pronuncia al respecto, existiendo un hermetismo que llama la atención de propios y extraños.

Es que por el Decreto Supremo 2.507, al Ejército se lo desmembró, al cerrar el Comando de Ingeniería con más de 50 años de trayectoria sirviendo a su país en temas de desarrollo y vinculación caminera, además de haber sobreprecio en la adquisición de maquinaria china que está paralizada y deteriorada hace más de un año, sin que esto preocupe al Ejército y mucho menos al Estado y, por si fuera poco, se le expropia las siguientes propiedades:

a) Megacenter en la ciudad de La Paz, con una superficie de 42.000 m2. Sólo el terreno, sin las construcciones, vale más o menos 42.000.000 de dólares; b) Proyecto Abapó- Izozog, que se encuentra en Santa Cruz, con un 6.000 hectáreas; c) Senkata, ubicado en la ciudad de El Alto, con 2.5 has; d) Koritambo en la localidad de Achocalla del departamento de La Paz, con 2.9 has; e) Lote de terreno Villa Tunari – Achocalla ubicado en el ex Fundo Sicuyani Quincuni Pujrio, con 10.0000 m2; f) Terreno de la Av. Busch con una superficie de 290 m2, ubicado en Santa Cruz; g) Terreno Bethesda ubicado en la provincia Andrés Ibáñez con 4 has; h) Toromatai, ubicado en la localidad de Cercado de Trinidad del departamento del Beni, con 26 has; i) Terreno Anaconda, en la Av. Circunvalación de la ciudad de Montero del departamento de Santa Cruz, con 1.000 has; j) El Chorro, ubicado en la localidad de Magdalena del departamento del Beni, con 7.5 has; k) Granja Paradero en la localidad de Puerto Suárez de Santa Cruz, con 193.452 m2; l) Terreno Palos Blancos en la Provincia Nor Yungas del Cantón Alto Beni, con 6 has; m) Campamento Inicua en la provincia Nor Yungas Cantón San Miguel, con 775 has; n) Viviendas Funcionales CONAVI 13-B, 22-B, 20-B, 19-B, 14-B, 21-B, en el departamento de Pando con 400 m2 cada una; o) Otros inmuebles del Ejercito y del Ministerio de Defensa determinados por las carteras de Economía y Finanzas Públicas y de Defensa, hasta cubrir el monto total del crédito adeudado, más intereses devengados y otros costos emergentes del mismo.

Ahora bien, el Presidente del Estado Plurinacional no sabe o desconoce que la ABC es responsable de la rescisión del contrato de construcción del tramo Unduavi - Chulumani que se tenía pactado con la ECE. Y es que por intereses propios de la ABC no indemnizó a los propietarios de los bienes inmuebles que serían afectados por el ensanchamiento de vía, que fue notificada a la ABC en reiteradas oportunidades por gerencia de la ECE, en perjuicio de las diferentes poblaciones por donde pasa esta importante vía de comunicación y de acceso del sector de Sud Yungas del Departamento de La Paz.

Pero la Administradora Boliviana de Carreteras no hizo estas indemnizaciones sino hasta al día siguiente que se rescindió el contrato, lo que demuestra ahora a cabalidad cuál era el verdadero interés de la ABC, para que el Ejército, por intermedio de su Comando de Ingeniería y de la ECE, no concluya la construcción tan anhelada por ese sector de nuestro departamento. De esta manera malintencionada hacen ver que la ECE no cumplió con la entrega en los plazos señalados la construcción de la carretera, lo que es falso, puesto que la indemnización corría por cuenta y entera responsabilidad de la ABC.

El Estado utiliza este contrato como justificativo y chivo expiatorio para lanzar el DS 2.507, que es atentatorio a los intereses del Ejército, que hasta la fecha se mantiene al margen e inerte, como si estaría de acuerdo con ese decreto. Seguramente sus integrantes se subsumen a la subordinación política que existe por parte de las Fuerzas Armadas al Gobierno de turno, lo que claramente muestra a la sociedad una actitud reprochable e indignante para la Institución castrense.

Lo contrario habría sido salir en defensa de los intereses del Ejército y oponerse a semejante mutilación y cierre de su Comando de Ingeniería. ¿No será que el Gobierno, en concomitancia con la ABC, ya tenía programado y confabulado este hecho para el cierre de la ECE, la empresa más grande de construcciones del Ejército, que de alguna manera regularía los estándares de precios en las construcciones de las carreteras a nivel nacional con sus similares extranjeras, lo que sin duda afectaría los intereses de las millonarias contrataciones que ya estaban comprometidas con empresas del exterior, como ocurrió con el sobreprecio en la adquisición de la maquinaria china que fue denunciada en su momento por la ECE?

En la actualidad dicha constructora se encuentra cerrada. Seguramente los altos mandos de la FFAA, la dirección de la ABC, ministerios de Defensa, Transparencia y Economía desconocen que este tema seguramente será investigado, de donde existirán responsables que serán castigados por la Justicia boliviana, porque no se puede permitir que las Fuerzas Armadas de la Nación desaparezcan y seguramente se conviertan en una simple guardia fronteriza.