Investigación sobre el narcotráfico

Un informe cauteloso, a momentos con datos de fuentes oficiosas, difundió el miércoles último la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos), sobre una presunta investigación al entorno presidencial que estaría involucrado en el narcotráfico.

La reacción oficial, por medio de un comunicado del Ministerio de Gobierno, se limitó a demeritar a un informante de aquel documento, pero no incidió en la gravedad de su contenido. Y, sobre esta base, refutar una por una las aparentes vinculaciones con el narcotráfico de algunos de los colaboradores inmediatos del presidente Evo Morales.

En concreto, es posible decir que se desaprovechó una buena oportunidad, de una y otra parte, para abordar con la formalidad y el rigor requerido un tema de extrema sensibilidad para el crédito del gobierno boliviano, pero, más importante aún, el desprestigio que genera en contra del país.

La policía antidrogas de Bolivia (Felcn) informa con frecuencia de importante incautación de drogas, de coca destinada a elaborar cocaína e incluso de la detención de narcotraficantes que realiza, entre varios de nacionalidad extranjera, en particular colombiana.

Acerca de esto, resulta pertinente referir que en Colombia operan varias mafias productoras y traficantes de cocaína. Recientes informes difundidos por medios de comunicación indican que el cultivo de coca en ese país es de 60.000 hectáreas, con lo que se coloca como primer productor de la yerba, que es materia prima de la cocaína. Consiguientemente, permite inferir que también es el mayor elaborador y traficante de la droga.

Esta mención se hace propicia para comprender que la presencia de narcotraficantes colombianos en Bolivia complica mucho más la situación nacional. La revista “Veja” de Brasil, considerada como la de mayor prestigio en su género del país vecino, de manera reiterada identifica a Bolivia como país narcotraficante.

En cuanto a las incautaciones policiales de la droga e incluso la localización y, en casos, destrucción de laboratorios y fábricas de cocaína, la opinión pública queda muy bien impresionada por la labor de la Felcn. Empero, se ha publicado también comentarios y declaraciones de observadores y columnistas en sentido de que no se conoce el destino de tales comisos.

Al respecto, se menciona que en gobiernos anteriores se efectuaban actos públicos, incluyendo la presencia de fiscales, para quemar la droga, previa demostración de que, mediante pruebas en el lugar, se establecía que efectivamente era legítima.

Será indispensable, entonces, que la Felcn, cuando proceda a la destrucción de la coca y cocaína incautada, lo haga públicamente, cumpliendo los recaudos legales que se imponen en este orden.

Este tipo de previsiones oficiales son necesarias para empezar a despejar las presunciones que se tejen en contra del honor y la dignidad del país. En cuanto a las autoridades y colaboradores del entorno presidencial, se espera que cada uno de los mencionados en el informe de la DEA haga sus aclaraciones personales, con los respaldos necesarios, para igualmente proteger el honor suyo y de sus familias.

Es una falacia suponer que el silencio y el tiempo se encargan de eliminar el mal recuerdo público de inconductos oficiales y personales.

Para tener una idea de la magnitud que tiene el narcotráfico en Bolivia, algunas cifras son ilustrativas. El informe de agosto último de Unodc (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) refiere sobre las tendencias de los volúmenes incautados de cocaína base y clorhidrato de cocaína en el período 2004-2014.

Las incautaciones de cocaína base crecieron hasta 2012, de 8 toneladas métricas en 2004 a 32 tm en 2012. Entre 2013 y 1014 hubo un descenso, de 20.410 tm en el primer año y en el segundo de 18.258 tm. Las incautaciones de clorhidrato de cocaína tuvieron en ese lapso variaciones, alcanzando su punto más alto el 2008, cuando se incautó más de 7 tm.

Las incautaciones de sustancias de hoja de coca se efectuaron en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. El total en 2004 ha sido de 155 toneladas métricas. En 2014 se elevó a 582 tm. En La Paz se incautó el 61%, Cochabamba 28% y Santa Cruz 3%.

La Felcn en 2014 destruyó 5.306 fábricas de producción de cocaína, el 11% menos que en 2013. Los operativos respectivos se realizaron mayormente en Santa Cruz y Cochabamba. A nivel nacional fueron destruidos también 74 laboratorios de cristalización de cocaína, de los que el 92% ocurrieron en Santa Cruz. Asimismo, en 2014 han sido destruidos 58 laboratorios de reciclaje de sustancias químicas, registrándose un incremento del 10% y 16% en comparación a 2013.