El caso del Fondo Indígena o indígenas contra indígenas

Bien tuvo razón el presidente Evo Morales al decir alguna vez en términos genéricos que la raza indígena era “la reserva moral de la sociedad”, conceptos aplicables a un determinado momento histórico. Pero pasados algunos años y en un nuevo contexto histórico, la apreciación ha perdido valor y más bien ha aparecido en contenido diferente en absoluto al que se le dio inicialmente. Los hechos se han encargado de desmentir dicha opinión.

En efecto, el caso del Fondo Indígena, aparte de otros, se ha convertido en el más escandaloso y de mayor magnitud en los anales policiales bolivianos, al denunciarse por autoridad competente que había aprobado 3.177 proyectos, de los cuales 1.100 de ellos recibieron recursos millonarios que bordearían los 102 millones de bolivianos, observándose que numerosas obras no existían, vale decir eran “obras fantasmas”.

El detalle de los favorecidos con aportes financieros del Fondo Indígena es realmente escandaloso y naturalmente ha sido objeto de atención de las autoridades que, por un lado, han dispuesto la clausura de ese organismo que recibía el altísimo porcentaje del 5 por cinco del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y, por otro, el enjuiciamiento de algunos de sus responsables, aunque, por lo visto, no todos han sido incluidos en las investigaciones del caso.

Pero lo más notable del asunto es que el Fondo Indígena, creado durante un gobierno neoliberal para favorecer a los indígenas antiliberales, se convirtió en un aparato destinado a afectar a los mismos indígenas por parte de otros elementos indígenas. Un puñado de privilegiados tuvo acceso a un fondo de más de cien millones de bolivianos y procedió a la repartija de esa enorme cantidad de dinero poco menos que a su gusto y capricho y, además, bajo la vigilancia de varios ministros de Estado y altos funcionarios públicos.

Si ese Fondo Indígena hubiese sido asaltado por funcionarios neoliberales, se habría producido un escándalo de proporciones siderales, pero no fue así, sino que fue aprovechado por funcionarios indígenas. Es más, los culpables habrían sido sometidos a todos los rigores de las leyes ordinarias y tal vez a la justicia comunitaria. Pero nada de eso ocurrió y los responsables no fueron los neoliberales, sino los antineoliberales, quienes, además, estarían siendo beneficiados por el “derecho a la duda” y quedando impunes e inmunes a las investigaciones, enjuiciamiento y sanciones de rigor.

Pero esos aspectos resultan siendo secundarios ante el hecho de que una institución estatal de, por y para indígenas con grandes recursos destinados a los indígenas, resultó siendo poco menos que botín de guerra y así atracada por otros indígenas para atentar contra los intereses de los indígenas para quienes se había creado la entidad de marras.

Esa incongruencia contemporánea es, pues, la que causa el asombro de la población y además irriga el sistema nervioso de la población indígena del país que se encuentra discriminada y sometida a actitudes racistas de sus mismos congéneres.

Hay aún mucha tela que cortar en la historia de este Fondo Indígena y se deberá esperar que se cumplan los principios y valores de lo que queda de la reserva moral indígena ya aludida y, al mismo tiempo, se cumpla esa advertencia en sentido de que el peso de la ley se aplicará “caiga quien caiga”. Es enorme el perjuicio cometido contra los intereses indígenas y alguien tiene que salir a defenderlos.