Municipios en la actividad energética

I

“Recientemente la Federación de Asociaciones Municipales (FAM-Bolivia) consensuó con sus agremiados destinar la totalidad de los recursos que les corresponde por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para constituir un fondo de incentivos para nuevas exploraciones en el país”, es un párrafo completo de apertura de una noticia de un periódico boliviano.

Haciendo números rápidos, eso equivale a que municipios y gobernaciones se adherirán al violento juego de inversiones en rubros que desconocen (gas y petróleo) y “pondrán” en la mesa de la actividad exploratoria más o menos USD 3.500 millones.

Una lectura rápida: como es complicado traer dinero de afuera (de corporaciones y de multinacionales que están en el negocio de producir valor agregado al petróleo o gas), alguien pensó en echar mano de los ingresos de municipios y gobernaciones para aliviar la ausencia de capitales y dar aire a la exploración (que es absolutamente necesaria por cuanto sin exploración no hay descubrimiento, ergo no hay próxima producción).

Infortunadamente la inversión en exploración de campos de gas/petróleo es costosa (una perforación con su taladro correspondiente puede estar entre 30 y 100 millones de dólares como si nada; y si hay resultado negativo es una pérdida difícil de recuperar).

Interesante sería que gobernaciones y municipios inviertan en proyectos específicos de industrialización (agregación de valor al gas) no en exploración; en proyectos que estén con volúmenes de gas y mercados asegurados.

Lo fundamental del ingreso de municipios y gobernaciones a ser “socios” en proyectos energéticos (gas, petróleo, electricidad, industrialización) es que tiene que haber una nueva Ley de hidrocarburos y una nueva Ley de electricidad, que son pilares fundamentales para regular, normar y establecer los marcos de la actividad energética.

Los municipios/gobernaciones deben exigir conditio sine qua non que primero la Asamblea Legislativa redacte y sancione una nueva Ley de Hidrocarburos.

Parece que está comprobado que a Bolivia le va a costar muchísimo conseguir inversionistas internacionales (multinacionales o corporaciones) que vengan a Bolivia y que se arriesguen con alto capital para proyectos específicos de exploración; dado que de momento hay un escenario no tan favorable: no hay alternabilidad en el poder; no hay legislación adecuada; no hay incentivos y encima de ello los precios bajos del petróleo a nivel internacional.

Por ello es que desde la administración estatal están pensando en una “ley de incentivos” que -previa consulta- echa mano de fondos municipales/gobernaciones para “invertir en exploración de nuevos campos de gas y petróleo”.

Tanto gobernaciones como municipios -de seguro- van a exigir reglas claras a sus inversiones, van a querer análisis de retornos, viabilidad de proyectos, de manera que financieramente aseguren su inversión. No creo que “den dinero” a cambio de nada. Insisto: sería mejor que se incorporen a la etapa de industrialización, mas no de exploración. No es cuestión de semántica. Es cuestión de ver en qué momento y en qué punto de la cadena energética se puede invertir con mejores retornos, mayores seguridades y sin la presión del Estado central por la baja inversión extranjera directa en el sector energético (continuará).

El autor es Consultor del sector privado sigue sus análisis en twitter: @bguzqueda