Necesidad de ampliar la Ley 2.640

Es incomprensible que la Ley 2.640 del11 de marzo de 2004, promulgada por el ex presidente Carlos Mesa Gisbert, para dar un resarcimiento justo a las víctimas de la violencia política en gobiernos de facto o dictaduras, solamente beneficie a un determinado sector. ¿Por qué ignoraron a otras personas que también fueron vejadas, reprimidas, torturadas, en gobiernos constitucionales? Ejemplos al respecto hay muchos.

Mientras tanto, las víctimas de la violencia política siguen asentadas en El Prado, frente al Ministerio de “Injusticia” desde hace más de 3 años y medio, soportando las inclemencias del mal tiempo, por sus justos reclamos que nunca fueron tomados en cuenta por las autoridades del indicado ministerio, como las cinco ministras anteriores: Casimira Rodríguez, Célima Torrico, Nilda Copa, Cecilia Ayllón y Sandra Gutiérrez. Además, las comisiones calificadoras: Conrevid y Conteca, se aplazaron y después de mucho tiempo descartaron a más de 5.022 víctimas por simples observaciones que en 15 días hábiles se las hubiera subsanado, calificando hasta diciembre de 2012 solamente a 1.714 personas.

Pero recordemos que se instaló el gobierno el Gral. René Barrientos el 5 de noviembre de 1964, con apoyo masivo del pueblo, la COB y universitarios de todo el país, liderados por FSB. Muy pronto, consejeros que nunca faltan le dijeron que él era muy joven y podía gobernar muchos años, y comenzaron a preparar elecciones para que sea elegido Presidente Constitucional.

Entonces apareció el Movimiento Popular Cristiano (MPC), de efímera duración, dirigido por el My. de Ejército Hugo Bozo Alcócer y otros que no faltan donde hay dinero; se sumó a esta campaña presidencial el partido de los gerentes, PSD, sin apoyo popular, siendo llevado a la vicepresidencia su representante, Luis Adolfo Siles Salinas. Ellos se convirtieron en gobernantes constitucionales a partir del 6 de agosto de 1966, obteniendo control total del poder la derecha “anti obrera y reaccionaria”.

Estos gobernantes se la tomaron muy en serio con los trabajadores y sus organizaciones laborales, dictando el decreto supremo de reglamentación sindical con clara inspiración fascista, luego otro decreto, rebajando jornales o salarios a los trabajadores mineros, quienes convocaron a un Ampliado Nacional de dirigentes, para tratar este problema salarial y porque sus pulperías siempre estaban vacías.

La masacre de mineros en San Juan

En la madrugada del 24 de junio de 1967 se produjo la masacre de mineros de San Juan, produciéndose las mayores bajas en el campamento La Salvadora de Siglo XX, con más de 27 muertos y 79 heridos, tanto hombres como mujeres. Inmediatamente, el Gral. Alfredo Ovando y Antonio Arguedas, Ministro de Gobierno, queriendo salvar sus responsabilidades declararon que la orden provino de la Presidencia, es decir de René Barrientos, quien siendo constitucional actuaba peor que Banzer y García Meza. Y tenía decidido el 1 de mayo de 1969 declararse dictador, como el ex presidente Busch, porque no quería tener al frente a una COB contestataria, como tampoco partidos políticos que le hicieran oposición. Y esto no se dio porque 4 días antes, el 27 de abril del mencionado año, tuvo el fatal accidente que le costó la vida en Arque, Cochabamba.

El Ministerio de Justicia debería estar a cargo de profesionales capaces, mientras tanto el bloqueo permanente de las víctimas en El Prado continuará hasta que sea atendida su demanda. Y no puede durar más tiempo, pues son más de 11 años.

El presidente Evo Morales, con criterio de equidad y justicia para todas las víctimas de la violencia política, que siempre la hubo, tanto en regímenes de facto o dictadura como en constitucionales, debe instruir a quienes corresponda lo más antes posible que se amplíen los alcances de la ley 2.640, porque una ley de la República debe ser general y amplia. Y no como fue promulgada el 11 de marzo de 2004, restrictiva, limitativa a medias, etc.

Este planteamiento justo y razonable lo hacemos tomando muy en cuenta el compromiso adquirido en marzo en Washington, EEUU, por la actual ministra Virginia Velasco, donde se comprometió a investigar la violencia política en las dictaduras de Barrientos, Banzer y García Meza, como también el resarcimiento respectivo a todas las víctimas y con una nueva revisión de los expedientes.

También recordamos las palabras de Evo Morales, cuando se posesionaba como Presidente, el 22 de enero de 2006, diciendo que gobernaría obedeciendo al pueblo, que no habrá corrupción ni nepotismo (EL DIARIO, 23-01-2006).