Historias convergentes

El libreto es conocido en Bolivia, pero en Venezuela es una novedad que recién empieza y sus consecuencias no deberían demorar demasiado en manifestarse. Franklin Nieves huyó de su país el 20 de octubre y solo se conocen sus declaraciones a medios informativos desde Estados Unidos, donde busca refugio. El ahora ex fiscal asegura que el gobierno lo obligó a forjar las pruebas que una juez utilizó para condenar a uno de los líderes prominentes de la oposición venezolana. Leopoldo López es inocente, asegura el juez fugitivo. En el gobierno lo consideran delincuente y el fiscal teme por su seguridad. ¿Suena familiar?

Marcelo Soza fugó de Bolivia y emergió en Brasil a principios de marzo de 2014. Desde allí dijo que su seguridad peligraba e hizo conocer una “Carta al Pueblo de Bolivia”. En ella dijo que el gobierno lo había presionado para inculpar a líderes de Santa Cruz y pedía a jueces y fiscales a cargo del “Juicio del Siglo” reconducir el proceso “por los fueros de la justicia, la verdad y la legalidad”. Días después, declaró: “En Bolivia no existe justicia imparcial. Ésta se encuentra sometida a los caprichos del gobierno”.

Soza hizo una travesía por tierra y por aire hasta llegar a Brasilia. Nieves se fue primero a Aruba y después a Miami. Allí dijo que “en Venezuela funciona la ley del miedo” y que las declaraciones que sirvieron para acusar a López fueron elaboradas por la fiscalía y entregadas a los testigos para que las firmaran. “Cuando hicimos la acusación, tergiversamos la información”, dijo.

El caso bate fuerte en momentos en que Venezuela se aproxima a una prueba suprema el 6 de diciembre: las elecciones legislativas, para las que todas las encuestas conocidas asignan a los partidos opositores una ventaja mayúscula y mayoría parlamentaria. Una situación así es pesadilla para el gobierno de Nicolás Maduro y el “chavismo” que rige los destinos venezolanos desde hace 15 años.

El pedido de asilo que ha hecho Nieves no es fácil de resolver, pues involucra la confesión del delito de haber fabricado pruebas contra la persona que ahora él mismo asegura que es inocente.

Brasil otorgó refugio a Soza, primero por períodos de seis meses y luego por un año, hasta septiembre de 2016. Entre quienes lamentaron la decisión brasileña estuvieron los acusados por Soza en el Juicio del Siglo, del que ha dicho que las pruebas habían sido montadas bajo presión del gobierno.

Nadie espera que una definición del pedido de asilo de Nieves ocurra en breve, pero hay una certeza: cualquiera que sea la demora no estará cerca de los seis años y medio que lleva el Juicio del Siglo desde su gestación, el 16 de abril de 2009.

El juicio que condujo Soza tuvo en la semana que acabó capítulos surrealistas cuando una testigo de la acusación dejó la impresión de desorientar al Ministerio Público y a los abogados del gobierno con respuestas precisas acordes con su condición profesional.

La administradora del Hotel Las Américas, escenario del suceso sangriento de aquella fecha desconcertó a los fiscales que procuraban probar la tesis de que se gestaba un movimiento conspirativo gigante. La funcionaria dijo que las respuestas a algunos detalles sobre los que preguntaban los fiscales estaban en la documentación que el hotel había enviado a la fiscalía más de seis años atrás, poco después de los sucesos violentos en los que tres personas fueron abatidas.

Entre quienes observaban la sesión surgió la duda sobre si la funcionaria era testigo del Ministerio Público que la interrogaba o de la defensa. “No les agradó que decía solo la verdad, que es lo que la acusación no quiere”, dijo uno de los abogados.

La defensa aplicó una táctica que ya había ensayado con el segundo testigo: renunció a contra-interrogar. Como el siguiente testigo, el entonces gerente del Hotel Las Américas, no estaba en ese momento presente para la audiencia, el juez Sixto Fernández tomó una decisión extraordinaria y ordenó su aprehensión para que compareciera al día siguiente, el viernes que pasó.

El testigo se presentó en el Palacio de Justicia a la hora dispuesta por el juez, pero la policía dijo que la institución lo había aprehendido. La defensa aclaró que el testigo de la fiscalía había llegado sin intervención policial alguna.

Malestares certificados de uno de los acusados dieron pie a que el juez suspendiera la audiencia hasta el 16 de noviembre.

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