El gerente de Sabsa en El Alto, Roberto Carlos Cortez, asegura que la entidad inició una demanda en contra del juez por supuestos vicios de nulidad en el fallo judicial que favorece a los trabajadores de Sabsa con la nivelación salarial.
Asimismo, dio a conocer que, a través del proceso penal, se procede a la orden de aprehensión en contra de autoridades del Juzgado de Trabajo y Seguridad Social de Montero en Santa Cruz.
Con documentación en mano y la orientación jurídica correspondiente, el gerente de aeropuerto aseguró que la huelga de hambre de los trabajadores “no tiene razón de ser porque la sentencia está direccionada a la empresa Abertis S. A. y no así a aeropuertos bolivianos S.A., ese es un aspecto que conocen claramente los trabajadores”.
Pese a esta apreciación, Cortez reconoce que el D.S. 1494 del 18/2/2013, en su artículo 2 y 5, señalan que los pasivos, entre ellos laborales, serían descontados del monto del paquete accionario de la Española Sabsa Abertis y que el pago se debió hacer al Ministerio de Obras Públicas.
“El decreto de nacionalización es claro, indica que cualquier colateral o pasivo deberá ser deducido del monto por el pago de las acciones de la empresa a Abertis. Monto que no es definido por mantenerse en un proceso de laudo arbitrar internacional en el que interviene la Cancillería del estado y la Procuraduría y durante la próxima semana se tienen las ultimas audiencias en este juicio de arbitraje internacional”, explicó.
El juicio arbitral es de 90 millones de dólares, monto que incluye los factores colaterales (demandas laborales) cuando concluya dicho proceso.
Para Cortez, sería complicado que Sabsa Nacionalizada asuma el pago por ser la demanda a un tercero, asimismo, asegura que el proceso laboral tendría supuestamente “vicios legales” que fueron notificados al Ministerio Público, con la finalidad de que revisen los obrados. “Existen obrados que fueron adulterados y hemos pedido que se haga una investigación respecto a estos obrados y solicitamos copia legalizada de todo el proceso y en una segunda ocasión que se solicitó otra copia, verificamos que sufrieron alguna adulteración, si bien no sabemos quiénes son los responsables es que pedimos al ministerio público la investigación”, aclaró la autoridad.
PROCESO
En Santa Cruz se procedió a dos órdenes de aprehensión contra el juez y el secretario que dieron la sentencia porque no se apersonan a declarar, “razón por la que se complica más aún la realización de ese pago”, pese a que en su momento los trabajadores solicitaron que se retire la denuncia y en otra reunión indicaron que tenían conocimiento del proceso y estaban de acuerdo con el proceso de investigación, sostuvo el Gerente.
En la actualidad, cursa un proceso y orden de mandamiento de aprehensión en contra de Jacob Aguirre y Lorenzo Salvatierra, investigados por la presunta responsabilidad en la alteración de obrados en la sentencia laboral realizado por parte de los trabajadores.
Según Cortez, es el Ministerio de Trabajo, mediante su inspector, quien se presentó al promediar las 11.00 en el Aeropuerto Internacional de El Alto para determinar si la huelga de hambre iniciada por los trabajadores es legal o no, en tanto, asegura que dicha medida de presión no genera una adecuada imagen al país a través de los pasajeros internacionales.
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