En un reciente Foro de los que promueve el IBCE, noviembre 26, se debatió el importante tema del contrabando, como uno de los problemas que confronta el país en torno al comercio exterior boliviano que ha crecido de manera significativa en los últimos años, como resultado de la mejora de los precios internacionales de los bienes que comerciamos con el resto del mundo.
La Lic. Marlene Ardaya expuso de manera clara las formas de contrabando, negro y técnico, la normativa boliviana contra este flagelo, de tradición milenaria en el mundo, y las medidas que el aparato público dispone para las operaciones de control.
La relación de este conjunto de aspectos transportó a la audiencia a los ámbitos del avance científico, y de un ámbito en el que se entremezclan los actores del lado bueno, los malos y los cómplices que, en algunos casos, son pequeñas poblaciones fronterizas que incluso se enfrentan con piedras o cavan zanjas sobre las rutas para ocasionar daños a los agentes e incluso a los helicópteros que, eventualmente, aterrizan en estos centros poblados.
Los lugares de contrabando son numerosos: 7 localidades en Cochabamba, 5 en La Paz, 3 en Pando, 3 en Potosí, 4 en Santa Cruz, 4 en Tarija, 1 en Beni, y 14 en el departamento de Oruro. Con tantos sitios y lo extenso de nuestra frontera: 6,000 Km, el control es muy difícil, sobre todo con recursos relativamente escasos.
Debido a ello se ha diseñado una estrategia que busca combatir este flagelo mediante numerosas medidas: delegar el control en ruta a las Fuerzas y Militares del Ejército, las operaciones de control aduanero se trasladan a los puntos fronterizos, funcionarios aduaneros en los puntos de control, incorporar a sectores sociales para control social, el SENASAG realiza el control de alimentos en zonas fronterizas para el mercado interno y control de divisas en las fronteras.
Destacando el rol de la participación social, el Lic. Antonio Rocha Gallardo, presidente del IBCE, expuso “La importancia de la sinergia con la sociedad civil en la lucha anticontrabando”, destacando entre varios otros elementos el papel del IBCE mediante la creación de la Unidad de Transparencia y Legalidad en el Comercio Exterior (UTYL) que contribuiría con estudios para mejorar la operatividad del comercio exterior y otras tareas complementarias.
Entre otras tareas este mecanismo permitiría promover la trasparencia de las operaciones en la cadena logística del comercio exterior boliviano, y la denuncia directa o ante canales de la ANB sobre actos de corrupción en las operaciones de comercio exterior.
Además promovería una lucha público/privada anticontrabando y contra la defraudación aduanera, así como la realización de campañas para el debido y correcto pago de tributos aduaneros en el sector privado.
La conclusión final fue: “solo si se ataca de manera frontal al contrabando, empoderando a las instituciones llamadas a controlarlo, generando facilidades para los formales, y educando a las futuras generaciones, mientras se castiga socialmente al contrabandista, será posible lograr la nación exportadora y soberana que todos añoramos”.
A lo anterior habría que añadir la importancia la desventajosa política de tasa de cambio fija que se mantiene en el país, lo que determina las condiciones desfavorables para la producción nacional frente a nuestros vecinos que tienen una política de tasa de cambio flexible que permite una mayor competitividad a su producción y crea las condiciones que estimulan el contrabando.
Esperemos que los esfuerzos del conjunto de actores referidos permitan avanzar en esta lucha desigual.
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