Felipe Rodríguez Álvarez
Como dijera el altísimo: “Tu justicia es como trapo de inmundicia”, hoy más que nunca la administración de justicia al parecer ha sido penetrada por perversas redes de traficantes de la justicia, que por su afán de “esquilmar” en el menor tiempo posible a cualquiera que se cruce en su camino, no paran mientes en comprometer en sus actos delictivos a funcionarios públicos, como lo mencionan, espantosamente, los medios de comunicación social. Éstos informan que existirían redes de corrupción conformadas por abogados, jueces, fiscales y vocales dedicados a tazar criminalmente los conflictos de las personas, para acto seguido vender sus fallos al vil precio de la necesidad, como dijera un prócer sudamericano.
No se dan cuenta que con esta actitud inmoral y criminosa se estigmatiza no solamente a los que integran estas redes de corrupción, sino también a toda la comunidad que nada tiene que ver con la administración de justicia, ni con el manejo de la cosa pública, sin embargo, también aparece como temible y por tanto poco confiable.
Pero este mal que azota más a los países en desarrollo, como el nuestro, no es de ahora, sino que se arrastra desde los albores de la humanidad hasta nuestros días. Es así que este lamentable y peligroso estado de cosas viene expresado en esa sentencia que nunca se borra: “En los países pro capitalistas los inmorales hablan de moral y los grandes ladrones ajustician a los pequeños ladrones”, lo cual se puede comprobar en las cárceles del país, donde cohabitan miles de infelices que por su estado de pobreza económica. Ellos no pueden acceder a ningún medio legal ni ilegal para poner fin a su sufrimiento, y cumplen sus sanciones en pequeñas celdas mal olientes e insalubres. Y allí también se puede observar a internos abarrotados como animales, hasta en los techos de alguna cárcel del país, por falta de espacios adecuados para cumplir penas corporales.
Todo este panorama escalofriante y tenebroso más se asemeja a un lugar de perdición y contagio criminal, donde las penas o sanciones que sufren estos desventurados en carne propia, no cumplen casi ningún fin de reinserción social de sus personas, ya que no se conoce a ningún ex interno que se hubiera rehabilitado en alguna cárcel del país. Por lo cual, en aras de la vigencia plena del principio de igualdad de que gozan las personas, de acuerdo con lo expresado por la Constitución Política del Estado y los tratados sobre derechos humanos, se saluda con admiración y respeto el ajusticiamiento de grandes personalidades que tuvieron bajo su responsabilidad la administración de ingentes cantidades de dinero, en forma de proyectos para mejorar la calidad de vida de las comunidades campesinas.
Pero infelizmente malversaron o se enriquecieron con estos recursos públicos, desamparando y abandonando a su suerte a los indígenas originarios campesinos del Estado plurinacional de Bolivia, traicionando así arteramente a quien ideó y creó esos proyectos con objeto de sacar de una vez por todas a las masas populares de la extrema pobreza en se encontraban desde la fundación de la República, y que luego sufrieron y se sacrificaron por el cambio social…
Y como se dijera al encabezar esta sucinta nota, la corrupción de autoridades y funcionarios públicos no es de reciente data, sino que viene adosada a la evolución de la sociedad, y es así que, cuando esta degeneración de funciones se presentaba con niveles alarmantes de contaminación que hacían peligrar la propia estabilidad de la sociedad en su conjunto, por ejemplo los gobiernos de facto, entre otras cosas, hacían un renovación total del Poder Judicial y Ministerio Público, cada cuatro años, esto al parecer no permitía tejer redes de corrupción, por tanto, evitaba la aparición de fortunas mal habidas.
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