Gobierno no penaliza cacería de animales

Justina Poma, activista de Qanasa Animales, expresó que la cacería de animales, no sólo por funcionarios públicos sino también por autoridades de municipios, no logra ser penalizada ni procesada por parte del Gobierno, permitiendo la extinción de animales silvestres en perjuicio del medioambiente.

Además, Poma recordó que el 2009 una denuncia realizada por comunarios en Puerto Chive reveló que 400 empresarios que se dedican a actividades privadas realizan la caza de antas, animales en vía de extinción.

“Mientras que la denuncia en contra de autoridades municipales de Ixiamas es el colmo, porque ahora ellos pretenden querellarse en contra del denunciante y desde que el Ministerio de Medio Ambiente autorizo la caza de lagartos, existe una depredación de estos animales. Además, a ello se suma que este tipo de cacerías de esta especie lastimosamente no está legalizado y el Gobierno carece de legalizaciones que los proteja”, dijo la activista.

Poma observa que el Gobierno, al paralizar la Ley 700, norma con la que se protegía a animales silvestres y especies en extinción, se proponía sancionar la comisión del delito de ‘Biocidio’: “el que matare cualquier especie animal debe ser penalizado, pero como no aprobaron porque sabíamos que sus funcionarios y la política extractivita es acabar con nuestra biodiversidad en gran parte de la región Amazónica de Bolivia”.

PROCESOS

Por su parte, la titular de la Dirección General de Biodiversidad (DGB) indica que si bien anunció un proceso, pese a las pruebas, no se acelera ninguna causa porque no hay un fiscal designado, salvo de La Paz, pero nunca se penalizó a ninguna persona que esté relacionada con la muerte o el tráfico de animales silvestres.

Poma dijo también que autoridades del Ministerio Publico y del propio Gobierno pretenden utilizar el artículo 223 del Código Penal de manera equivocada, cuando esta norma hace referencia a “la destrucción o deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional”, la misma que se refiere a objetos y no así a la protección de animales porque ellos no se deterioran, por lo tanto es del patrimonio arquitectónico y arqueológico y no al patrimonio natural.

“Es por eso que vemos que, como Qanasa Animales, estamos solos porque pese a nuestras serie de denuncias en contra, no sólo de personas particulares sino autoridades y funcionarios públicos involucrados en la caza y tráfico de animales silvestres y de la Amazonía que son especies en extinción, no existe ninguna detención ni sanción carcelaria en contra de estas personas, porque a ellas solo les extienden memorándums sea de sanción o de retiro de su fuente de empleo, pero no los penalizan como delincuentes”, criticó la activista.

Por lo tanto, la carencia de norma que penalice la matanza de animales silvestres y propia de la Amazonía, queda en la impunidad gracias a la política extractivita del actual Gobierno, la cual incluso genera la posibilidad de exportar estas especies a China y otros países, donde en pasados meses de acuerdo a Poma se habría entregado una carga de muestra del tipo de carne de lagartos, tortugas, entre otras especies.