Afirman que exautoridades ocasionaron presunto daño económico al Estado

La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, informó ayer que exautoridades prófugas de la justicia boliviana ocasionaron más de 113 millones de dólares de presunto daño económico al Estado.

“Todas estas exautoridades que en este momento están prófugas y no están en el país, presuntamente han ocasionado un posible daño económico al Estado que alcanza el monto total de 113.370.951 dólares”, dijo Valdivia, en entrevista con medios estatales.

Citó como primer ejemplo el caso del exprefecto Mario Cossio, del exprefecto Manfred Reyes Villa, que tampoco se encuentra en el país para rendir cuenta de sus actos ante la justicia. “Otro caso emblemático es del señor Roger Pinto Molina, donde igual desde Transparencia se busca la recuperación de 6.041.785 dólares”.

Asimismo, mencionó el caso de José Luis Paredes, otra persona prófuga de la justicia que tomó la decisión de salir del país y en este caso el posible daño económico es 2.421.069 dólares. Así podríamos ir señalando una serie de exautoridades”, agregó.

CASO FONDIOC

La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, explicó ayer que transparentar el ex Fondo Indígena fue desde el principio una instrucción del Gobierno para demostrar al pueblo cómo se han manejado estos recursos.

Valdivia sostuvo que inicialmente se instruyó a la Contraloría General del Estado efectuar una auditoría del caso Fondioc, luego ya con los resultados del informe, se ordenó la “Intervención” del ex Fondo para decirle a la población cuántos proyectos se habían financiado, es decir, 1.100 proyectos.

La autoridad anticorrupción lamentó que hoy en día el diputado Rafael Quispe y su abogado, en su afán de protagonismo, se sienten al lado de los abogados del Ministerio en las audiencias. “No les corresponde, pues los denunciantes no han sido ellos sino el Ministerio a mi cargo. Hay que revelar a la población que la investigación se efectúa desde el Ministerio de Transparencia, junto al Ministerio Público”, dijo.

Asimismo, la ministra aseveró que los gobiernos del pasado no tenían políticas públicas para transparentar procesos económicos, añadió que el manejo de la cosa pública estaba restringido a un círculo de poder político y económico, lo que en la actualidad no sucede.

Al mencionar hechos de corrupción, recordó que al inicio de la gestión gubernamental se produjo el caso del expresidente de YPFB, Santos Ramírez, quien se encuentra en la cárcel. Ese caso, sostuvo, es una clara muestra del lineamiento político del Gobierno, por lo que esas acciones son vistas como un ejemplo en el contexto latinoamericano.

“A diferencia del pasado, en el Ministerio a mi cargo, existen 129 sentencias condenatorias ejecutoriadas por hechos de corrupción, lo que no ocurría en el pasado. No había un Ministerio de Transparencia, pero ahora tenemos 525 denuncias en proceso, de las cuales si consideramos que hay elementos de prueba suficiente tenemos la obligación de presentar una denuncia a la Justicia. No se está protegiendo a nadie”, finalizó

OPOSICIÓN

En torno a la denuncia del Gobierno, el asambleísta de Soberanía y Libertad (Sol.bo), Edwin Herrera, aseguró a El DIARIO que casos como el de Mario Cossío, Manfred Reyes Villa o Roger Pinto pudieron y debieron haberse sancionado en este gobierno y no lo hicieron, al punto que estos mismos terminaron pidiendo asilo en países vecinos, o simplemente, tuvieron que huir.