Mujer denuncia explotación laboral en Puerto Quijarro

Una mujer de pollera denunció haber sido víctima de explotación laboral en Puerto Quijarro, localidad fronteriza con Brasil, luego de que acudiera a un requerimiento de personal publicado en una casa de empleo ubicada en la plaza Juana Azurduy de Padilla.

La mujer, de más de 32 años, quien buscaba la posibilidad de mejorar sus ingresos económicos, eligió una oferta de trabajó como cocinera, donde el pago mensual fue el gancho (mayor interés), para aceptar la propuesta de viajar a ese sector del país.

“Yo no conozco esos lugares, me han dicho que era Puerto Quijarro, pero después en el lugar me dijeron que era una población del Brasil, en ese lugar me han hecho trabajar, todos los días y en la noche apenas dormía tres a cuatro horas, pero cuando pasaba el mes no me pagaron. Ellos sólo me amenazaban que si yo reclamaba me iban hacer desaparecer mis papeles y que no podría retornar al país”, explicó la víctima.

Ella prefiere no dar detalles de quiénes son las personas que lograron captarla y convencerla para viajar a la región del oriente, frontera con el Brasil, donde suelen trasladar a las personas que logran ser convencidas por personas de ambos sexos y hasta familias de aceptar trabajar en el exterior, poblaciones fronterizas, donde la incomunicación y desconocimiento de como poder denunciar o sólo retornar al lugar de origen es un riesgo.

CASAS DE EMPLEO

Las denuncias de personas que llegan a ser captadas por estas casas de empleo, que publican anuncios con salarios “tentadores”, es una constante que, desde el 2014, generó la atención incluso del cónsul de Bolivia en el Brasil, quienes junto con una comisión fueron testigos de cuál es el procedimiento que se implementa para captar a víctimas de trata y tráfico de personas que enfrentan explotaciones laborales, sexuales, entre otros delitos.

Pese a ello, el Ministerio de Trabajo prefiere no asumir ninguna responsabilidad para regular estas actividades económicas de empleo, según observa la representante del Defensor del Pueblo a nivel departamental Teófila Guarachi, quien lamentó que la entidad del Estado no logre realizar ninguna acción, permitiendo que las denominadas “casas de empleo”, se conviertan en intermediarias para la captación de victimas de trata y tráfico de personas.

“Al final eso es lo que ocurre, muchas de las víctimas que han salido del país, fueron captadas mediante estas casas de empleo, las cuales permiten que los tratantes tomen contacto y logren su cometido”, indicó.