Argentina es un país con un población cuatro veces mayor a la que tiene Bolivia. Según datos que procesa el Fondo Monetario Internacional, Argentina tiene un producto interno bruto medido en dólares americanos del orden de los 578 mil millones de dólares frente a 34 mil millones de Bolivia. El producto per cápita a precios corrientes es de dólares 13.400 cuando para Bolivia es de 2.915.
El principal problema de la economía argentina es que cayó en lo que se denomina “estancamiento con inflación”. El PIB en términos reales está creciendo sólo al 0,7 por ciento en 2015, cuando también tuvo un bajo comportamiento el año anterior con una tasa de sólo 0,5 % anual. La inflación es otro problema que le aqueja, con una tasa anual del orden del 20 por ciento, aunque este dato está puesto en duda por la poca confiabilidad que tienen los datos estadísticos oficiales. La inflación real sería mayor. Por tanto dos son los problemas fundamentales que debe enfrentar el nuevo gobierno, el estancamiento económico y la alta inflación.
El estancamiento de la economía argentina tiene que ver con su baja inversión que se traduce en un 17% del PIB, por debajo de la media latinoamericana. Lo mismo sucede con la inversión extranjera directa. Argentina no ha edificado una institucionalidad que invite a la necesaria inversión extranjera, única manera de que ese país se desarrolle.
En los años anteriores tuvo un crecimiento económico notable, pero impulsado por el gasto fiscal, el mismo que continuamente ha ido creciendo hasta llegar a un nivel alto, que representa el 40 por ciento del PIB. Cuando comenzó la era del Kirchnerismo el gasto fiscal a PIB estaba en el orden del 21%. Esto quiere decir que estos doce años se caracterizaron por un manejo macroeconómico populista, subsidios por aquí y por allí, para granjearse el apoyo popular, que sin duda alguna lo lograron.
La experiencia mundial enseña que es fácil incrementar el gasto público pero casi imposible reducirlo, porque hacerlo implica aplicar las duras “políticas de austeridad”, lo cual se traduce en impopularidad para los gobiernos. Como la expansión del gasto público no viene acompañado por incrementos en la recaudación de impuestos, se cae en el continuo déficit fiscal y en el creciente endeudamiento público. Esto último aparentemente no hubiera acaecido en Argentina, por lo que a continuación se comenta.
El año 2003 la deuda del gobierno en relación con el PIB estaba cerca al 140 %, lo que llevó al gobierno argentino a declararse en “default” (incapacidad de pagar la deuda). Esta situación extrema obligó a los acreedores a renegociar la deuda, lo cual se concretó el año 2005. Inicialmente, el gobierno argentino buscaba una reducción del 75% de su deuda. Lo que logró es una reducción que, en algunos casos, llegó hasta el 60%. Un 75% de sus acreedores aceptó el acuerdo y en los años siguientes se adhirieron muchos más. De esta manera Argentina reestructuró un 93% de la deuda total, quedando al margen un 7%, de los cuales se hizo famoso un grupo acreedor, calificado de “fondo buitre” que logró ganar un juicio en Nueva York, por lo que Argentina debía pagar la deuda inicialmente contraída.
La renegociación lograda por Argentina explica que para el año 2011 la deuda pública argentina se había reducido hasta ubicarse en sólo el 36% del PIB. De entonces a la fecha ha comenzado a crecer hasta ubicarse en un 52% del PIB.
Argentina es una economía bastante cerrada. Su sector externo (exportaciones más importaciones) es mucho menos importante que para Bolivia si se lo relaciona con el PIB. Por esta razón es menos vulnerable a la ralentización de la economía mundial y a las devaluaciones de sus monedas que realizan los países.
Un problema que estuvo presente durante todo el tiempo del Kirchnerismo fue sus bajas reservas internacionales. Para el año 2008 se ubicaron en el orden de los 45 mil millones de dólares y hoy sólo están en el orden de los 27 mil millones, montos bajos si se relacionan con su PIB.
Ante la insuficiencia de reservas internacionales, Argentina cayó en el grave error de restringir las importaciones, agravando la situación de su sector productivo que de pronto se vio imposibilitado de disponer de divisas para la adquisición de insumos imprescindibles para la continuidad de su actividad productiva.
Una noticia periodística nos dice que Argentina había llegado a ocupar “los primeros puestos en los rankings mundiales de exportadores de trigo, carne, maíz, entre otros productos, pero en los últimos años perdió esos lugares. Las exportaciones del agro, que representan el 60% del total de las ventas del país al exterior, retroceden y alcanzan a los principales rubros del sector”.
Los retos del nuevo gobierno son principalmente de política cambiaria, de política fiscal y de política monetaria. En política cambiaria debe eliminar las restricciones a la salida de capitales y a los controles y restricciones sobre importaciones. En la política fiscal debe frenar la expansión del gasto público, el mismo que debe financiarse, en su parte deficitaria, con un financiamiento que no provenga de su banco central sino del crédito externo. Si el Banco Central Argentino deja de financiar el déficit fiscal se podrá contar con una política monetaria racional. Lograr recursos externos permitirá a Argentina contar con un nivel de reservas internacionales más adecuado. También debe hacer que la sociedad argentina recupere la confiabilidad en los datos estadísticos oficiales y debe llegar a un acuerdo con el “fondo buitre” que le ganó el juicio.
El autor es Profesor emérito de la UMSA, fue presidente del Banco Central de Bolivia.
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