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• Se desorganizan o paralizan las actividades públicas y privadas, los servicios de transporte de pasajeros se congestionan y dejan de cumplir sus rutas habituales en perjuicio de la población. • La violación a los derechos ciudadanos requiere ser sancionada aplicando la Constitución, que establece que los derechos ciudadanos terminan donde empiezan de los demás.
La población paceña es agredida diariamente con marchas callejeras, porque desorganiza o paraliza sus actividades laborales y personales, el transporte de pasajeros se torna moroso y deja de cumplir sus rutas habituales, todo lo cual causa perjuicios económicos y sociales de gran magnitud.
Estas apreciaciones fueron expresadas por la ciudadanía, que en tono de molestia sostuvo que ha llegado la hora en que el Gobierno imponga el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, que establece que los derechos de unos terminan cuando comienzan de los demás. Consiguientemente, tiene la obligación de impedir que continúe esta situación de caos y violación del respeto y de los derechos que tiene una ciudad, que es nada menos que la capital política del país.
Asimismo, manifestaron que el Ministerio de Gobierno debe prohibir las marchas callejeras en La Paz, en caso de incumplimiento inicie acciones judiciales contra los dirigentes que promueven estos delitos. Por último, tendrá el suficiente respaldo ciudadano si utiliza la fuerza pública para evitar las marchas.
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