Los resultados de los ofrecimientos que hacen los partidos políticos durante los períodos preelectorales son con frecuencia contradictorios a los que se obtiene en función de gobierno. No se trata, sin embargo, de aspectos aislados, sino de carácter general, como se observa en lo que se refiere a asuntos como la lucha contra la corrupción, la superación de dificultades económicas, lucha contra la inseguridad ciudadana y otros.
En cuanto a la lucha contra la corrupción, los programas de los partidos políticos para las elecciones del año 2015 se esmeraron en ofrecer soluciones de tal manera de poner fin a problemas que se fueron agravando desde hace tiempo. Por ejemplo, una de las 12 propuestas que hizo en 2015 el binomio Evo-Álvaro, en la campaña para la gestión gubernativa de los años 2015-2020, se refirió de manera específica a combatir el flagelo de la corrupción y realizar una revolución en la justicia. De forma textual, el ofrecimiento fue el siguiente: “Revolución en la justicia y lucha contra la corrupción. Queremos abrir a la ciudadanía la reforma de la justicia, incrementar sus medios tanto humanos como materiales, reforzar la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito haciendo extensible al funcionariado la materialización de nuestros principios de No robar (Ama suwa), No mentir (Ama llulla) y No ser flojo (Ama qhilla)”. (Resumen del Programa de Gobierno” MAS-IPSP. Propaganda gráfica).
Pero, ¿qué pasó con ese programa cuando se llegó al poder? De forma contradictoria, pese a la intensa propaganda, nuevas leyes, cumbres sucesivas, amenazas, cambio de autoridades, etc., la corrupción aumentó de manera geométrica. Es más, la corrupción se propagó como una mancha de aceite sobre el agua y sus principales comprometidos fueron altos miembros del partido de gobierno y funcionarios públicos, tal el caso, por citar solo uno, del Fondo Indígena (Fondioc) que causó escalofríos a la opinión pública.
En efecto, se afirma que en ese Fondo se distribuyó entre allegados al partido de gobierno alrededor de 4 mil millones de bolivianos para realizar 3.177 proyectos, observándose que muchos de éstos serían o están inconclusos. Al respecto, la exministra Nemesia Achacollo declaró que el Fondo Indígena recibió desde el año 2006, la suma total de 3.197.482.681 bolivianos, cantidad de dinero que está en investigación y originó que varias personas resulten comprometidas y se encuentren en la cárcel.
El problema de dicho Fondo es en sí mismo de extrema gravedad, pero ocurre que pese a enunciados del presidente Evo Morales en sentido de que se investigará “caiga quien caiga”, no se adopta las medidas legales y mientras empleados secundarios van a la cárcel, los “peces gordos”, responsables del manejo de esos cuantiosos fondos, están libres y sin rendir cuentas de los gastos realizados e inclusive gozan de inmunidad e impunidad. Es más, serían los principales promotores de proponer el prorroguismo presidencial, considerando que en esa forma evitarán las sanciones y hasta llegarían a apoderarse de lo mal habido. En todo caso, el pueblo espera que el ominoso embrollo llegue a sus últimas consecuencias y con las sanciones respectivas.
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