Marcha vecinal fue disuelta con gases

Representantes de más de 140 urbanizaciones del Distrito Municipal 7 protagonizaron ayer una masiva marcha, exigiendo la ejecución del proyecto de ampliación de la avenida Juan Pablo II hasta San Roque.

La manifestación obstaculizaba el ingreso a la autopista por lo que efectivos policiales despejaron la vía haciendo uso de gases lacrimógenos.

MARCHA

La marcha se inició a tempranas horas de la mañana y recorrió diferentes arterias, desde la zona San Roque del Distrito 7 hasta inmediaciones de la avenida 6 de Marzo.

La manifestación tomó el carril de bajada de las avenidas Juan Pablo II y 6 de Marzo, creando un notable congestionamiento vehicular que perjudicó a miles de personas.

A su llegada al Puente Distribuidor, la gran cantidad de vecinos fue detenida por un contingente de efectivos policiales, con el que se generó un amague de enfrentamiento ya que los uniformados buscaban evitar que los marchistas ingresen hasta el peaje de la autopista.

Luego de una conversación entre representantes de ambos bandos y ante la negativa de los manifestantes de despejar las vías, los efectivos policiales dispersaron la protesta con el uso de agentes químicos y el Carro Neptuno.

Ante esto, los vecinos optaron por arrojar piedras contra los uniformados mientras se dispersaban.

HERIDOS Y DETENIDOS

Producto de los enfrentamientos, tres vecinos del Distrito 7 resultaron heridos, además, tres personas fueron detenidas y trasladadas a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto.

Al respecto, uno de los dirigentes del Distrito 7, René Yanarico, señaló que existe una comisión que se encargará de exigir ante las autoridades policiales que las personas detenidas sean liberadas, mientras que en el caso de los heridos se explicó que fueron llevados a diferentes nosocomios de la urbe alteña.

PEDIDO

La medida de protesta fue realizada debido a la falta de atención del Gobierno central para la ampliación de la avenida Juan Pablo II. Asimismo, los vecinos aseguraron que existe un compromiso de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) de ejecutar el proyecto pero, hasta la fecha, no se iniciaron los trabajos en la obra, actitud por la que, primero, como medida de advertencia, los vecinos macharon el martes hasta la sede de Gobierno, mientras que un día después instalaron bloqueos en su jurisdicción y ayer optaron por realizar la marcha que perjudicó la circulación de vehículos públicos y privados en esta ciudad.

Las protestas son protagonizadas por vecinos y transportistas que circulan por esta vía quienes exigen la ampliación de la avenida con diez carriles, cinco de ida y cinco de vuelta.

Por otro lado, el Municipio debía realizar obras de complemento en octubre de la pasada gestión como contraparte, pero hasta la fecha este proyecto edil quedó tan solo en el inicio de implementación del embovedado, obra paralizada hace más de dos meses, según declaración de los vecinos.

“Nosotros los habitantes que vivimos en el Distrito 7 ya estamos cansados porque todos los días es un verdadero problema transportarnos desde San Roque hasta La Ceja porque algunas de las obras, como el embovedado, han sido paralizadas y eso empeoró el tránsito vehicular, es por eso que continuamos con estas medidas porque los que más sufrimos somos los vecinos”, manifestó el dirigente Jaime Mamani, representante de Control Social del Distrito 7.

Ayer, luego de una evaluación de las jornadas de protesta, dirigentes y ejecutivos del Distrito 7 anunciaron que radicalizarán sus medidas de protesta en caso de no ser atendidos por el Gobierno, sin descartar el bloqueo de caminos en diferentes sectores de El Alto, especialmente la carretera a Copacabana.

GOBIERNO

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, declaró, según la Agencia de Noticias Fides (ANF), que la demanda es “legítima”, pero atribuyó la competencia a la Alcaldía y a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), “porque las avenidas no son de competencia del Gobierno Nacional”. 

Además, Romero pidió a los dirigentes del distrito que no perjudiquen a terceras personas que nada tienen que ver en el conflicto.