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Los cuatro sujetos, Ancizar G. R. (colombiano), Juan Percy P.M. (peruano), José Cáceres C. (peruano) y Diler M.O. (boliviano), sindicados de ser los atracadores de la hija de un empresario fueron enviados al penal de Chonchocoro en calidad de detenidos preventivos, tras encontrarse suficientes indicios de responsabilidad en el ilícito que cometieron el pasado miércoles, informó el fiscal Daniel Ayala.
“La autoridad jurisdiccional realizó una evaluación integral en base a los elementos de convicción material y las autoridades determinaron la detención preventiva en el penal de Chonchocoro”, señaló el fiscal.
La imputación realizada por el Ministerio Público fue por plagio de la hija de un empresario ocurrido el pasado miércoles, fue por los delitos de Secuestro, Tenencia y Portación de Armas de Fuego -que sólo puede manejar la Policía Boliviana y el Ejército-, Organización Criminal, Falsedad Material y Ejercicio Indebido de la Profesión.
Ayala se comprometió a que las autoridades correspondientes den celeridad al caso hasta que culmine la investigación y se pueda dar sentencia a los presuntos implicados.
Un grupo especial de la Policía rescató la madrugada del viernes a la empresaria de La Cascada que fue secuestrada en la zona de Villa Fátima a las 19.10 del miércoles. Su familia pagó un rescate de cinco millones de bolivianos. El pedido inicial para su liberación fue de dos millones de dólares. En un operativo realizado efectivos policiales de Inteligencia dieron con el paradero de los presuntos plagiadores y los capturaron con el dinero y la víctima en un domicilio de Huayllani.
La audiencia de medidas cautelares fue instalada r a las 20.30 del sábado y culminó cerca de la medianoche aproximadamente.
ALIANZA
A consecuencia de los últimos sucesos, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, expresó el viernes, en rueda de prensa, que el Gobierno solicitó una alianza con los gobiernos de Colombia y Perú para evitar el ingreso al país de personas con prontuario criminal.
“Nosotros hemos hecho solicitudes expresas precisamente a Colombia y a Perú, a los dos países, para que podamos compartir una base de datos y Migración pueda vetar el ingreso de personas que tienen antecedentes policiales y judiciales en su país, y todavía no hay respuesta favorable en ninguno de los dos casos”, expresó.
