Audio de supuesta red de extorsión involucra Gobernación de Beni

La senadora de Unidad Demócrata (UD) por el Beni, Jeanine Añez, pidió ayer al ministro de Gobierno Carlos Romero investigue y tome cartas en el asunto sobre un audio que revela una supuesta red de extorsión entre funcionarios de la gobernación del Beni y del Ministerio Público. La denuncia de dicha grabación ya fue presentada ante la Fiscalía sostuvo la legisladora.

“La semana pasada hemos presentado un audio donde habría una supuesta coordinación y una posible red de extorsión entre funcionarios de la Gobernación, jueces y fiscales y obviamente nos preocupa mucho que esto continúe y le hemos tomado la palabra al Ministro de Gobierno cuando ha manifestado que está en la predisposición de terminar con estas redes de extorsión”, afirmó Añez.

Según la Legisladora el audio presentado y ante el Ministerio Público involucra a funcionarios de la Gobernación del Beni que está a cargo de Alex Ferrier del Movimiento al Socialismo (MAS) y funcionarios de la misma Fiscalía. “Incluso es ese audio se involucra también al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado”, dijo.

“Lo que se escucha en el audio es la coordinación que habría entre el poder (Órgano) Judicial, funcionarios de la Gobernación y Ministerio Público. Se dice lo que va a suceder, lo que deben hacer para cumplir algunas detenciones, recusaciones”, indicó Añez.

Anteriormente, Añez, anunció que por tercera vez el gobernador de Beni, Alex Ferrier no asistió a un llamado de la Comisión de Autonomía del Senado para explicar el incremento en su patrimonio de 25 millones de bolivianos.

Ayer ante esas ausencias, la senadora opositora informó que se abrirá un proceso por incumplimiento de deberes, por faltas a la autoridad. “Esperamos que la justicia actúe con la misma celeridad como se actuó con Carmelo Lenz (exgobernador de Beni)”, afirmó.

Ferrier fue convocado por la Comisión de Autonomías, en tres oportunidades y no se presentó, el objetivo es que explique cómo después de haber declarado ante la Contraloría General del Estado primero 3 millones de bolivianos y después de un año cuenta con 25 millones.