Fracaso de Lliquimuni

No ha dejado de ser profundamente lamentable para el pueblo paceño, el doloroso anuncio hecho por medios estatales en sentido de que la explotación del yacimiento de Lliquimuni, en el norte de La Paz, terminó en un fracaso rotundo, pues no se encontró gas ni petróleo que esperaba con entusiasmo el Gobierno para cubrir el déficit de esos energéticos.

La operación técnica en Lliquimuni corrió a cargo de la firma Petroandina y significó en primer lugar una inversión de 100 millones de dólares en trabajos de sismología y otros 47 millones en los trabajos de perforación del pozo. Se recuerda que Petroandina está conformada con capitales de YPFB de Bolivia, en proporción del 60 por ciento y PDVSA de Venezuela en 40 por ciento, entidad mixta que realizó labores exploratorias de fines del 2008 a marzo de 2010, asegurando que se tenía grandes esperanzas en lo que es el bloque Lliquimuni del norte de La Paz.

La iniciativa de buscar hidrocarburos empezó en diciembre de 2014 y al parecer se perforó hasta los 4.000 metros de profundidad en la primera etapa y algo más en la segunda, pero la inquietud por encontrar un yacimiento importante terminó con el anuncio de que se suspendió la costosa operación de alrededor de 150 millones de dólares y que se buscará otro sitio para una nueva exploración, aunque de dudosos resultados.

La mala noticia ayudó a aumentar el pesimismo que reina en la opinión pública sobre la situación económica internacional a raíz de la abrupta caída del precio del petróleo a casi un cuarto en relación con el año pasado, con pocas esperanzas de una recuperación sustancial. Además, no existen esperanzas de descubrir yacimientos importantes que puedan cubrir las ventas de gas a Argentina y Brasil, países que empezaron a importar petróleo de esquistos de Estados Unidos para cubrir la demanda creciente del consumo.

Por otro lado, sin posibilidad real de cerrar el déficit de la producción nacional de gas, se abrió la perspectiva de que las plantas energéticas basadas en el uso de gas, no tendrán posibilidad de operar y se cerrarán los optimistas proyectos de que Bolivia se convierta en “potencia gasífera” a mediano plazo, como desean los planificadores oficialistas. Se suman a esos aspectos, entre otros varios, el reducido resultado de la microplanta de licuefacción Río Grande, en la que se invirtió 200 millones de dólares y que no podrá abastecer el envío del producto a Uruguay y Argentina y que fue bautizada como “empresa de Alasita”. En esa forma, el caso de Lliquimuni resultó un balde de agua fría para el país.