Desde que perdimos nuestras costas sobre el océano Pacífico, la causa marítima ha sido motivo de unidad de todos los bolivianos en todas las generaciones y nunca hubo discrepancias sobre nuestros derechos conculcados por los gobiernos chilenos desde el año 1879. Luego de muchas gestiones y trámites a través de los años, se concluyó en que el caso debió presentarse a la Corte Internacional de Justicia de La Haya que, luego de muchas deliberaciones, convino en que es de su atribución considerar nuestros reclamos.
Con miras a que se haga las gestiones y reclamos ante esa Corte, se ha conformado un equipo integrado por juristas internacionales y bolivianos de prestigio que convinieron en la urgencia de designar como Vocero Oficial del Estado boliviano al Lic. Carlos Mesa Gisbert, ex Presidente de la República, prestigioso historiador, escritor, periodista e investigador que cumplió descollante labor en todo lo que ha intervenido tanto en el país como fuera de él en defensa de nuestros derechos.
El Gobierno, conjuntamente todo el pueblo, se ha mostrado complacido y satisfecho por la labor cumplida por el Vocero y así se manifestó en diversas oportunidades; pero, debido a opiniones lanzadas por el ex presidente Carlos Mesa en sentido de no estar de acuerdo con cambios al Art. 168 de la Constitución, la susceptibilidad del Gobierno ha llegado a los peores límites al extremo de expresar conceptos contrarios al Vocero y, además, mostrarle conductas desaprensivas al no convocarlo como correspondía, a reuniones del equipo jurídico y a otras muy importantes. Toda la colectividad nacional se ha pronunciado, directamente o no, a favor y en defensa del Vocero porque es considerado como el más apto, conspicuo, debidamente preparado como historiador, investigador y orador para representar al país como Vocero Oficial. Lamentablemente, actitudes del Gobierno y su partido, han mostrado opiniones contrarias que perjudican gravemente al país y, lo más sensible, es que los gobernantes de Chile ven esas discrepancias con satisfacción porque suponen que ello implicaría retrocesos en los reclamos bolivianos.
Hay que sostener, una vez por todas, que el Lic. Carlos Mesa no puede ni debe dejar la situación de Vocero encomendada por el país y que es la mejor representación que pueda tenerse para encarar el problema con la honestidad, responsabilidad y criterio constructivo que él lo hace. Emitir conceptos contrarios contra el ex presidente Mesa es negarle confianza del Gobierno, aunque todo el país lo apoye plenamente.
Es preciso que la unidad conseguida en torno a nuestra causa marítima se consolide en el día a día y no debe haber discrepancias de ninguna naturaleza con quien representa dignamente a Bolivia, representación que en los últimos días ha sido ratificada por el Gobierno, en actitud que satisface plenamente al país. No hacerlo así implicaría, simplemente, que el caso del mar haya pasado a planos secundarios en el sentir del régimen de gobierno, sentir que, bajo ningún punto de vista, representa el sentimiento de todo el Estado boliviano. El Lic. Mesa debe recibir apoyo pleno y absoluto a las labores que ha cumplido y a aquellas que desempeñe en el futuro porque representa la conciencia de Bolivia.
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