Resolución de las NNUU no afectará demanda por Silala

El canciller del Estado, David Choquehuanca, minimizó los alcances que podría tener la declaración del agua como un derecho humano que promovió el país en una eventual y nueva demanda jurídica internacional contra Chile, por el uso de las aguas del Silala.

Choquehuanca se refirió el caso por primera vez, luego que en 2010 sectores de la entonces alianza opositora legislativa Convergencia Nacional alertaran sobre los alcances judiciales que tendría esa resolución de la Organización de Naciones Unidas que declaró al agua y el saneamiento como derechos humanos.

El canciller asumió la Constitución Política del Estado en su artículo 373 y siguientes, como base para defender este derecho fundamentalísimo de la ciudadanía que es protegido por el nivel central de Gobierno.

“El agua está en nuestra Constitución como un derecho fundamentalísimo (…) Debemos defender nuestros recursos naturales, Chile no usa para ningún derecho humano, ellos usan para comercio”, respondió la autoridad diplomática en conferencia de prensa.

El Art. 376 abre la forma de defensa interna del Estado sobre los recursos hídricos: “El Estado evitará acciones en las nacientes y zonas intermedias de los ríos que ocasionen daños a los ecosistemas o disminuyan los caudales, preservará el estado natural y velará por el desarrollo y bienestar de la población”.

El investigador Víctor Hugo Chávez alertaba sobre la posibilidad que Chile use la resolución de Naciones Unidas, impulsada por el Gobierno de Bolivia, para defenderse en una eventual.

“Los impulsores de esa acción deberán dar las explicaciones correspondientes”, dijo el miércoles en entrevista con el canal universitario.

La resolución del 28 de julio de 2010 cita en dos de sus artículos:

“Declara el derecho al agua potable segura y al saneamiento como un derecho humano que es esencial para el goce pleno de la vida y de todos los derechos humanos”.

“Llama a los Estados y Organizaciones internacionales a proveer recursos financieros, construcción de capacidades y transferencia tecnológica, a través de asistencia y cooperación internacional, en particular a los países en desarrollo, para poder aumentar los esfuerzos para suministrar agua potable, segura y saneamiento para todos”.

Esa figura fue emprendida por el embajador de Bolivia ante la ONU durante esa gestión, Pabló Solón, también asesor de la Coordinadora del Agua en los conflictos sociales de Cochabamba en enero de 2000.

Chile ya reaccionó al anuncio del Gobierno nacional sobre “buscar alternativas para defender el Silala”.

El canciller Heraldo Muñoz amenazó con una contrademanda basada en que el Silala es un río y no un manantial como se evidencia en Bolivia.

“Chile también podría contrademandar, porque tenemos claridad que es un río internacional de aguas continuas y nos asisten derechos importantes respecto a este río internacional, pero estamos preparados para cualquier eventualidad”, declaró el miércoles desde Santiago.