Ministro Arce no acepta pedido de bono solidario

Mientras que se mantiene una penosa marcha desde Cochabamba con varias decenas de discapacitados, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, reiteró que no es posible acceder al pedido del sector y dijo que la asistencia mensual de Bs 500 que exigen representaría un presupuesto similar al de la Prefectura de Cochabamba.

Arce aseguró el lunes que incrementar el bono solidario para las personas con discapacidad, de 1.000 a 6.000 bolivianos anuales significaría un costo de 368,6 millones de bolivianos, es decir más de lo que reciben algunas gobernaciones del país, como Oruro, Beni o Pando.

En conferencia de prensa, el Ministro de Economía aseveró que la demanda de las personas con discapacidad requiere una inversión similar a lo que recibe el departamento de Cochabamba, que forma parte del eje del país.

“Los compañeros discapacitados estarían pidiéndonos la misma transferencia que el Gobierno Nacional hace para el Gobierno Departamental de Cochabamba, y mucho más de lo que se transfiere al Gobierno Autónomo Departamental de Pando, que son 231 millones de bolivianos anuales y más que el Gobierno Autónomo de Oruro que recibe 252 millones de bolivianos. Más que un departamento en solo un bono para los compañeros discapacitados”, sostuvo.

Al menos, 150 personas con discapacidad de distintos departamentos del país cumplen hoy el octavo día de caminata rumbo a la ciudad de La Paz, donde los espera una vigilia de otro grupo que demanda un alza a su bono anual.

Arce dijo que se destina cada año en promedio 40 millones de bolivianos para beneficiar a los discapacitados del país: 22 millones de bolivianos para el bono solidario y 18 millones de bolivianos a proyectos sociales.

Señaló que la demanda del sector significa incrementar ese presupuesto en 1.567%, por lo que su pedido es -dijo- “inatendible”.

Agregó que actualmente el pago anual de 1.000 bolivianos que se otorga a las personas con discapacidad requiere un monto de al menos 22 millones de bolivianos, financiados con los recursos que antes se entregaban a los partidos políticos en época electoral.