Tres asambleístas preparan juicio penal

Al no haber sido habilitado para integrar la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, Carlos Parra, más conocido como Paris Galan, anunció a EL DIARIO que en abril, los tres legisladores que no fueron habilitados presentarán un juicio penal, ya que hasta el momento están siendo privados de sus derechos y de ejercer sus funciones en esta instancia. Además, anotó que sus labores en sus provincias y sectores de actividad están postergadas a causa de este problema.

DESDE HACE UN AÑO

En mayo se cumplirá un año que no podemos ejercer nuestras funciones como asambleístas electos, no podemos seguir así, nos han remitido a varias instancias en las cuales hemos llegados hasta los juzgados de Sucre y, aun así, no hemos recibido respuestas, dijo.

La segunda semana de abril se prevé presentar un juicio penal a los vocales del Tribunal Departamental de Justicia, por incumplimiento de deberes, discriminación, entre otros.

La bancada de Soberanía y Libertad (Sol.bo) en la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz ganó 10 escaños; empero, la Asamblea está funcionando solamente con siete, lo que significa que nuestras bancas están acéfalas.

RECURSO ANTE EL TSE

A su vez, Paris indicó que en diciembre de la pasada gestión se presentó un memorial al Tribunal Supremo Electoral (TSE), para exigir que tres asambleístas suplentes sean habilitados como titulares y así completar los diez representantes legales de la población paceña.

Explicó que la Ley del Régimen Electoral establece que, de manera extraordinaria, pueden habilitarse a suplentes para completar la bancada de Sol.bo. La Asamblea, que por ahora solo tiene 41 asambleístas, no está funcionando de la manera correcta, porque hay sectores que no se hallan atendidos, debido a que tres asambleístas legítimos de Sol-Bo no han sido habilitados.

REACCIÓN EN INQUISIVI

En el caso de la Asambleísta de Inquisivi, Delia Quispe, los pobladores le están exigiendo que cumpla con el trabajo que debe cumplir a favor de esa región, ya que carece de varios proyectos que hasta el momento no pueden ser atendidos por no estar habilitada su representante legal.

Lo mismo pasa en el caso del asambleísta del transporte pesado José Luis Mayta. Su sector le demanda que trabaje, pero no puede, porque les están privando de integrar la Asamblea Departamental, con lo que se sienten perjudicados todos los transportistas de esta sección.

DIFERENCIAS DE GÉNERO

De su parte, Paris expresó: “Yo debería estar trabajando por los derechos de los homosexuales, realizando proyectos contra la homofobia, enfermedades de transmisión sexual, entre otros, no sólo en La Paz, sino en todos las provincias, y me están privando de trabajar por mi departamento”.

“Vamos a seguir luchando por lo corrector, ya que debemos ser habilitados porque nos corresponde y si no es así, tomaremos medidas mayores, como huelgas de hambre, marchas y otras acciones, para que los ciudadanos de La Paz se enteren que no quieren que trabajemos por servir a los intereses del Departamento”, concluyó diciendo Paris.

TRIBUNAL DE JUSTICIA

Un comunicado del Tribunal Departamental explicó que hay vacíos jurídicos por los que no puede darse solución al pedido de estos tres legisladores. Por tanto, debe quedar en claro que no se están vulnerando sus derechos; pues, en la ley electoral no existe una previsión específica para este caso.

Explicaron que este caso se debe tratar en base a un reglamento especial, pero este no existe.

CONFLICTO POLÍTICO

De acuerdo con explicaciones de los asambleístas de Sol.bo, el problema tiene un fondo político. La Asamblea debe contar con 45 miembros. Sin embargo, desde el inicio de su gestión, en 2015, funciona solo con 42 miembros, lo que se debe a que ilegalmente la mayoría oficialista del MAS se resiste a que Sol.bo tenga los 10 asambleistas a los que tiene derecho, por la elección ciudadana. Para evitar que ello suceda, impide que tres de sus asambleístas no sean incorporados a la Asamblea, imponiendo esta actitud más por la fuerza que en reemplazo de alguna disposición que exista para excluir a uno o más de sus integrantes, pero que sea por razones legales.