República del Chapare

La Nación de Buenos Aires informa que en Yacuiba, los narcos bolivianos entregan cocaína a cambio de granos, porque así lavan sus dólares en la misma frontera, pero quienes sufren son los productores bolivianos de maíz, que han debido reducir en 30% sus cultivos.

La secuencia ha sido reflejada en Siglo 21, con el detalle de que la última escena del drama es que los productores de maíz en Argentina aumentan sus cultivos en 9%, en vista de la demanda que ha surgido en la frontera.

Son operaciones que se hacen en este agujero negro de Sudamérica, donde los traficantes pueden vender el maíz que han recibido a cambio de la droga sin ningún problema, salvo el que tienen los productores nacionales de maíz, que denuncian el “contrabando”.

Hay un ministro que, formalmente, ha recibido del gobierno el encargo de controlar las fronteras, todas las fronteras. Pero sucede que por esas fronteras sale la coca, la droga, la ropa usada (que ha entrado desde Chile), así como los autos usados, y salen garrafas con GLP.

Por lo que ocurre en realidad, se podría sospechar que el ministro en cuestión es el encargado de administrar la ilegalidad que ocurre en todas las fronteras. Las miles de toneladas de coca de Yungas que se exporta a Argentina sin pago de aranceles, la droga que sale hacia ese país y a los demás, el oro que entra del Perú, la ropa y los autos usados, además de un largo etcétera, son actividades que pagan. Le pagan a alguien para poder seguir.

En este caso, del comercio de la droga con Argentina, el efecto perjudica a la economía del país, porque obliga a los productores de maíz a reducir sus cultivos, lo que significa una reducción en los puestos de trabajo y en el cumplimiento de las metas del autoabastecimiento de alimentos.

Si la República del Chapare existe, pero opera en medio del territorio de Bolivia, quizá corresponda que se le cobre el tránsito de sus productos por territorio boliviano.

Esta ficción, por la cual se debe aceptar que existe un territorio autónomo dentro de Bolivia, debería ser formalizada. Que paguen, del mismo modo que pagan las empresas extranjeras que operan en el territorio. Sólo así podrán seguir usando carreteras del país y los servicios que financian los bolivianos. O que se vayan.

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