¿Por qué se moviliza la COB?

El cierre de Enatex tiene repercusiones más complejas que el hecho mismo y su quiebra técnicamente recae en la responsabilidad de los funcionarios del gobierno. La COB parece haberlo entendido de ese modo y entonces resolvió echar mano de sus viejas tácticas de movilizaciones y bloqueos, exigiendo que el gobierno revierta la medida.

El impase COB-gobierno ya se interpreta como una ruptura entre aliados. Que la clase obrera ha despertado de un letargo en que la sumió la alianza con un gobierno encabezado por un caudillo de origen aymara, arguyendo coincidencias ideológicas con un gobierno autoproclamado como socialista comunitario.

La movilización de la COB es una acción directa, aunque sin las consignas maximalistas, “hasta las últimas consecuencias”; como en los tiempos caóticos se recurre a los hechos porque se ha desvalorizado el diálogo, denota falta de entendimiento entre aliados, y pone en cuestión el supuesto de que el gobierno del MAS es gobierno de los movimientos sociales.

La COB demanda abrogar un decreto con el que se ha echado a la calle a 800 obreros calificados en la confección, desconociendo el derecho al trabajo que era parte de la retórica oficial. El gobierno no tuvo más que una trivial justificación de que las perjudiciales movilizaciones ponen en peligro el doble aguinaldo y una falta de comprensión de que es imposible cargar sobre el TGN con subvenciones de incierto resultado.

En el fondo la demanda de la COB exige un mínimo de coherencia con el discurso oficial de defensa de los derechos de los trabajadores, empleos dignos y estables, como fue la oferta del socialismo comunitario en los buenos tiempos. Por otra parte, tampoco es suficiente argüir que la sobrevivencia del proceso de cambio depende de un pragmatismo que no puede evitar ciertos sacrificios. La descripción del Vicepresidente fue aún más cruda al justificar que el cierre de Enatex es una medida irreversible para prevenir mayores desastres en la economía.

El DS 2.765 permite presagiar más despidos para otros sectores con problemas deficitarios, Huanuni, Colquiri, Cartonbol, Papelbol, Karachipampa, Ecobol, etc., en general las empresas públicas, que sólo se han justificado con una propaganda triunfalista sobre las bondades de una economía en manos del Estado.

En tanto los altos precios de las materias primas lo permitían, el gobierno se creía parte de un bloque de gobiernos revolucionarios, junto a Cuba, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, haciendo alarde de ser bastión de resistencia contra el imperialismo. Hoy, la caída de los precios de las materias primas en el mercado internacional nos ha vuelto a una realidad de crisis de crecimiento económico, poniendo al descubierto las limitaciones del rentismo de materias primas, y un modelo estatista que ha sido rebasado por los nuevos retos.

Mientras el crecimiento estaba garantizado por la economía global, el gobierno local sólo tenía que preocuparse de controlar cualquier brote interno de descontento, poniendo contra la pared a los opositores del proceso de cambio, recurriendo a la movilización de los movimientos sociales o a la violencia revolucionaria que “legítimamente” podía usar.

El gobierno sobreestimando su legitimidad considera con poco respeto la demanda de un importante sector, al parecer consciente de que en el pasado las heroicas movilizaciones de la COB no han pasado de ser pequeñas escaramuzas, con escaso impacto para poner en peligro la estabilidad política ni decantar el curso de los acontecimientos políticos futuros. Con tales antecedentes, el gobierno lejos de proponer soluciones, modificando su política de empleo, recurre a las grotescas descalificaciones de las movilizaciones de la COB.

En este nuevo escenario sin bonanza económica rebrotan los conflictos sociales y sus soluciones ya no pasan por nuevas promesas y nuevos acuerdos, sino por medidas efectivas, como la reincorporación de los trabajadores cesantes de Enatex y el salvataje técnico de otras empresas públicas.

El oficialismo parece no comprender que la movilización de la COB no sólo pretende la abrogación de un decreto, sino defender el principio de justicia social que se ve amenazado por las políticas económicas y sociales que intenta aplicar el gobierno.