Multa de Bs 50 mil a exalcalde

El pasado 30 de junio, la justicia determinó que el exalcalde de Cochabamba Edwin Castellanos, en cuya gestión se construyó el puente, deba pagar una multa de Bs 50 mil, además de arraigo y presentarse cada lunes para firmar en un libro del Ministerio Público.

También exfuncionarios del municipio de Cercado implicados en el colapso del paso a desnivel de la avenida 6 de Agosto e Independencia recibieron medidas sustitutivas, tras la conclusión de varias sesiones en el Juzgado Anticorrupción del Tribunal Departamental de Justicia.

Nelson Vega, quien se encargó del diseño y la supervisión del puente, deberá asumir una detención domiciliaria, arraigo y cancelar una fianza de Bs 70 mil.

Víctor Hugo Álvarez, gerente de la empresa ejecutora de la obra, debe presentarse cada lunes al Ministerio Público ya que se determinó arraigo para su persona y una fianza de Bs 50 mil.

Entretanto, el exoficial de Infraestructura, Sergio Rodríguez, y Osvaldo Delgadillo, exoficial Financiero tienen que apersonarse al Ministerio Público cada lunes y asumir la fianza de Bs 50 mil.

El asesor legal de la Alcaldía, Sergio Coca, quien siguió el caso desde el colapso, manifestó su disconformidad con la decisión asegurando que “no se está responsabilizando a los exfuncionarios conforme a ley”.

“Por un daño de 14 millones de bolivianos dictan prácticamente libertad para los implicados. La juez nos ha dejado con sabor a poco. No tenemos responsables por este puente colgante, se les ha impuesto unas medidas sustitutivas que no tienen ninguna relación con lo que hemos fundamentado y lo único que nos queda es apelar”, expresó Coca a Los Tiempos.

“Voy a demostrar que en otras situaciones los mismos fiscales piden incluso con garrote la detención, pero ahora, pese a que hay un puente colgando, sólo piden sustitutivas”, agregó.

Por su parte, el abogado de la empresa constructora, Jorge Iriarte, aseguró que la juez “no realizó las valoraciones adecuadas” al haber dictado medidas sustitutivas para todos los implicados. A su parecer los responsables son los exfuncionarios y no la ejecutora de la obra.

“El ingeniero Álvarez tiene derecho a gozar de libertad irrestricta, evidentemente está en libertad pero en laguna medida se restringen sus derechos constitucionales estando bajo la aplicación de medidas cautelares y eso restringe la libertad esta situación va a ser objeto de apelación”, informó Iriarte.