El caso “MZ”

El caso “MZ”, aunque muy poco difundido y por tanto poco conocido, es muy relevante para la defensa de los derechos humanos de las mujeres. De hecho, se trata de un caso de violencia sexual acontecido en Bolivia hace aproximadamente casi dos décadas, donde el hijo del dueño de la casa en la que vivía la víctima procedió a violarla. Después de dos años de litigio, el agresor fue declarado culpable de violación y asalto a la propiedad privada, siendo condenado a cinco años de prisión. Ante esta desproporcionada condena por el daño causado a la víctima, se interpuso la apelación correspondiente, sin embargo la entonces Corte Suprema de Justicia anuló la condena del agresor por una supuesta alteración de las pruebas, negando a la víctima el derecho a una tutela judicial efectiva.

Ante la poca efectividad del sistema de administración de justicia boliviano y la falta de mecanismos para el acceso a la justicia, la víctima interpuso una Petición Internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Luego de un proceso de más de una década desde su inicio en sede nacional, la víctima renunció a la indemnización económica correspondiente, a cambio de que el Estado boliviano tome medidas concretas para promover y proteger los derechos de las mujeres víctimas de violación y corregir las falencias en la administración de justicia. En este contexto, el 11 de marzo de 2008 la CIDH y Bolivia suscribieron un acuerdo de solución amistosa, donde el Estado reconoce su responsabilidad internacional por la ineficaz acción judicial, asumiendo ocho compromisos puntuales que cumplió progresivamente y que a continuación recordamos.

Compromiso 1. Implementar en el plazo de un año, a través del instituto de la Judicatura de Bolivia, una acción positiva que asegure que por lo menos el 15% del tiempo total de sus programas pedagógicos esté dedicado a actividades enfocadas en la promoción y protección de los derechos humanos con enfoque de género, para lo que deberá asegurar la participación de personal especializado en el tema.

Compromiso 2. Incluir en la normativa que regula los procesos evaluativos de los jueces/as la variable “grado de conocimiento de derechos humanos”, en particular en cuestiones vinculadas con la discriminación de género.

Compromiso 3. Implementar la difusión en la página oficial de la red informática de la judicatura y del Ministerio Público la currícula de los candidatos seleccionados a ocupar las vacancias con el fin de garantizar la máxima publicidad.

Compromiso 4. Organizar una conferencia destinada a operadores de justicia sobre los derechos de las mujeres y la Convención de Belem do Para.

Compromiso 5. Imprimir manuales y otros documentos sobre el tratamiento a víctimas de violencia sexual como campaña de concientización.

Compromiso 6. Creación de una unidad especializada para la protección a las víctimas de violencia sexual.

Compromiso 7. Creación de una unidad especial para desarrollar los estudios científico-técnicos para la investigación de los delitos de libertad sexual.

Compromiso 8. Garantizar que los espacios físicos para la investigación de los delitos de libertad sexual, guarden las condiciones necesarias para garantizar la privacidad de las víctimas.

No quisiera finalizar este artículo de opinión, sin un sincero reconocimiento a “MZ”, valiente mujer que desinteresadamente renunció a una justa reparación económica por el bienestar y dignidad de muchas mujeres bolivianas.

El autor es Máster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional.