Debe cuidarse la elección de magistrados

Se encuentra establecido que el medio más idóneo para la defensa de los derechos y garantías de un país constituye su Poder Judicial. Es el bastión de la seguridad jurídica, en el más amplio de los conceptos.

Por lo mismo, debe cuidarse celosamente las formas de designación de magistrados, con base en la fuente de donde dimane ésta y ejerza el control de su desenvolvimiento; no se olvide que de ellos se generará el personal del sistema judicial.

El insigne y prestigioso tratadista boliviano en el ámbito constitucional y fundador del matutino EL DIARIO, Dr. José Carrasco, en el tomo 4 de su obra “Derecho Constitucional”, dice que el Poder Judicial antes subordinado “se transformó en poder soberano, que con elevada autoridad y su criterio decisivo, establece el equilibrio, la seguridad y la propia independencia de los otros poderes, asegurando a la vez el libre ejercicio de los derechos del ciudadano”. Agrega que en el Poder Judicial “reside el principio democrático y de su buena organización dependen los fecundos resultados que la sociedad espera, precisamente porque la República, según la máxima americana, debe ser el gobierno de la Ley”

En relación con la elección por el Poder Legislativo, el Dr. Carrasco subraya que “Puede objetarse que el Poder Judicial es nombrado por otro de los poderes y que esto desvirtúa esa calidad de poder independiente”. Por tanto, considera falsa tal objeción por cuanto, agrega, “la elección directa del pueblo no constituyó jamás una condición para caracterizar la autonomía y la independencia de los poderes públicos”. Puede afirmarse que por más que el pueblo sea el depositario de la soberanía, esto no constituye salvoconducto para que se insista en el fracaso del experimento.

Al fundarse la República, una de las principales preocupaciones de los paladines de la Patria fue el imperio de la ley, a través de una apropiada organización jurisdiccional. De entonces a nuestros días, el sistema judicial atravesó, como toda institución, glorias y quebrantos en la línea del pensamiento de Harold Laski, quien advierte con indubitable verdad “si conocemos la forma en que actúa la administración de justicia de un Estado, conoceremos también exactamente su nivel moral”.

Penosamente, la designación por el Legislativo no ha sido sino -salvando honrosas excepciones- la vía para torcer la independencia e imparcialidad de los magistrados, requisitos sin los cuales la administración de justicia asoma a su quiebra institucional. En síntesis, en tanto en cuanto siga la dependencia en la nominación de magistrados, continuará el riesgo de la vulneración de la esos valores como baluartes de ética judicial.

De ahí que es imperioso volver a escrutar otro sistema de nombramiento de magistrados que satisfaga las necesidades sociales, la libertad y seguridad ciudadana, mientras se vaya restaurando su futuro.

La precipitada “Cumbre Judicial” inició su programa en la Mesa 1, con lo que debiera haber sido más bien la culminación del evento, esto es, comenzar con la “Formación, Ingreso, Capacitación…” para concluir con la elección de Magistrados…” y no a la inversa, “vale decir, primero se elige para concluir en la Mesa 6 con la tardía preparación de servidores judiciales”.

En relación con las conclusiones de la Mesa 1, ésta comienza ratificando “el Voto Popular como tipo de elección de Magistrados…”, precisamente, insistiendo con manifiesta tozudez en el mayúsculo error en que antes se había incurrido y que llevó al propio Presidente del Estado a expresar textualmente, con amargura, en su Informe Presidencial de 22 de enero de este año, estas palabras: “Quiero decirles, hermanas y hermanas, que uno de los problemas que tenemos no solamente como Estado, sino como pueblo boliviano, es la justicia boliviana. No sé si es error de la nueva Constitución la forma de elección, lamentablemente no todas y todos están respondiendo a un gran pensamiento o sentimiento de los bolivianos sobre nuestra justicia” (23.I.2016).

Pareciera que el señor Presidente, al haber expresado con tan meridiana claridad esta ineluctable verdad, se hubiese inspirado en aquella frase dicha por Nericex (citado por C.F. Trigo) que “el sistema electivo ha arruinado de un solo golpe la autoridad de los magistrados y de la justicia” o de otro jurista de nota como lo fue Beard, quien profirió: “haciendo del juez un funcionario electivo, somete a éste a los dirigentes políticos; se hace, en este caso, una prueba de capacidad, no de los conocimientos sino de los servicios prestados al partido”.

Ese fracaso se hizo patente por un sinnúmero de factores que debían haber sido, precisamente, de una prolija estructuración, estudio, tratamiento de proposiciones para que las facultades de Derecho, Colegios de Abogados, entidades académicas jurídicas y abogados -vastos conocedores de su propia problemática- aporten con oportunas y practicas orientaciones y no suceda como acaeció en la “cumbre” de justicia, que se asemejó a un cónclave de prelados sin asistencia de sus obispos.

Entre las posibles sugerencias para ser tomadas en cuenta, podría ser válido el sistema escabinado -propio de jurados-, para que entre instituciones jurídicas y autoridades gubernamentales, -con la seriedad responsabilidad y capacidad consiguientes-, se constituya una Comisión de elección de Magistrados, con el común denominador de la ausencia de fementidos propósitos e intereses subalternos. En otra oportunidad se abundara sobre esta sugerencia.