El “Yo acuso” del general

El Juicio del Siglo, en curso en Santa Cruz desde hace tres años, está desde el martes en un terreno más quebradizo y pantanoso de lo habitual, y parece próximo a definiciones importantes desde que el general (r) Gary Prado Salmón acusó al tribunal de haberlo sentenciado a muerte “a corto plazo”. En respuesta, el tribunal ignoró su condición convaleciente y desencadenó el desenlace anunciado: las escaras que soporta desde hace años se abrieron en la propia sala de audiencias y quedó patente la amenaza de una septicemia capaz de volver ese plazo dramáticamente más corto.

El viernes, las audiencias fueron suspendidas hasta la semana subsiguiente, en un nuevo aplazamiento del proceso que tuvo sus orígenes cuando fuerzas de la policía atacaron un hotel y mataron a tres personas, apresaron a dos sobrevivientes y desencadenaron una amplia persecución sobre dirigentes de Santa Cruz. Entre los 39 acusados está el general Prado Salmón, quien desde 2013 se defiende en el juicio oral acusado de tramar una campaña terrorista con miras a dividir al país en cuyo ejército ganó máximos honores.

El juez Sixto Fernández y la acusación, que sostiene que el general declarado Héroe Nacional por el Congreso, conspiró para despedazar Bolivia, no tuvieron otra salida el viernes que aplazar la audiencia, que se había reinstalado tras semanas de repetidas interrupciones originadas en la salud del militar.

En la semana que pasó los acusadores perdieron una batalla fundamental: la de la opinión pública. Que sobre una camilla desgastada y sucia oficiales del Cuerpo de Bomberos colocasen sin el debido cuidado al soldado vencedor de una campaña decisiva para Bolivia, fue demasiado crudo y cruel para que cualquier miembro del gobierno, por más fervor oficialista que tuviere, condonase las imágenes que registraron los medios.

Nadie salió a defender la causa oficialista. Dos prominentes figuras del partido de gobierno, el ex embajador en Brasil Jerjes Justiniano y Osvaldo Peredo, líder de la guerrilla igualmente efímera que sucedió a la que derrotó el general Prado Salmón, enviaron una carta al presidente Morales pidiendo una amnistía para los procesados.

Al principio, el presidente decía que los supuestos terroristas habían querido matarlo, pero la acusación de magnicidio fue suprimida de la acusación y quedaron solo las de “terrorismo y alzamiento armado” que desde hace más de tres años los acusadores tratan de probar. Una de las mayores acusaciones durante el juicio ha involucrado a funcionarios del gobierno de haber colocado un explosivo en la puerta de la casa del Cardenal Julio Terrazas.

En el alegato que presentó al reiniciarse las audiencias el martes, el militar destacó que, pese a ser considerado como “la pieza más importante” del proceso, ninguna de las declaraciones de unos 40 testigos de cargo presentados por la acusación lo involucra en terrorismo o alzamiento armado. Aún más, dijo al tribunal, en sus declaraciones bajo juramento esos testigos dijeron que no tuvieron ningún contacto con él. Declaró que solo dos oficiales de la policía, no presentes en los actos investigados para el proceso, llegaron a decir, citando otras declaraciones que descartó como comprobadamente falsas, que él había estado en el stand de Cotas donde se afirma que operaban los supuestos sediciosos. El militar está en silla de ruedas desde hace 35 años.

“Usted, señor Juez”, le dijo al juez Fernández, “ha demostrado desde el primer día de su participación en este juicio una manifiesta parcialidad con el gobierno en contra mía, claramente por instrucciones superiores. Yo, personalmente atribuyo también una parte de esa animosidad a su militancia en el PCB y sus simpatías hacia Ernesto Guevara”.

En un frase que pareció también dirigida a sus colegas militares, registró: “Quiero dejar constancia de que me siento satisfecho y orgulloso del deber cumplido en la campaña de Ñancahuazú en 1967 como militar profesional… de haber conducido adecuadamente a mis hombres al combate contra una fuerza extranjera invasora, de haber derrotado militarmente al Che, de haberlo entregado vivo a mis superiores, mientras los miembros del Partido Comunista que lo habían hecho venir lo abandonaban”.

En otra declaración polémica dijo que no dudaba que en el proceso “se mueven intereses políticos” y que en dos ocasiones el jefe del Estado ofreció públicamente al Fiscal General “la candidatura a la presidencia en el futuro a cambio de una sentencia condenatoria a ´esos terroristas que me querían asesinar´”. Agregó más filo a sus palabras al referir que altas autoridades del gobierno habían estado detenidas acusadas de terrorismo. “Y ahora resulta que los terroristas somos los que nada hemos hecho”.

Reclamó que ya en agosto pasado había señalado al tribunal que su salud requiere de cuidados especiales por las úlceras. Por eso su familia había decidido traer a las audiencias una camilla que, sin embargo, no ayudó a curar sus cicatrices en la baja espalda, pues cada subida y descenso al vehículo que lo transportaba desde su casa implicaba presión sobre la parte afectada de su cuerpo.

Este fin de semana era difícil apostar por la reinstalación de audiencias el 18 de julio o por el futuro del propio proceso. Su continuidad ha quedado ligada a la salud del general y, por extensión, también a la de otros acusados que han desfallecido durante las audiencias.

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