Comienza proyecto piloto de sustitución de cultivos ilícitos

Briceño (Colombia).- El Gobierno colombiano y las FARC pusieron ayer en marcha en el municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia (noroeste), un proyecto piloto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que convierte en realidad uno de los puntos acordados en las negociaciones de paz.

En Pueblo Nuevo, una de las diez veredas en la que se empezará este plan de sustitución, fueron revelados algunos detalles del considerado primer laboratorio para el posconflicto, que forma parte de los gestos de confianza entre las partes para reducir la intensidad del conflicto armado.

HOJA DE RUTA

El acto estuvo encabezado por el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo en representación del Gobierno, y Félix Antonio Muñoz, alias “Pastor Alape”, uno de los negociadores de paz de las FARC en los diálogos de La Habana.

También estuvieron presentes el alcalde de Briceño, José Danilo Agudelo, la coordinadora residente encargada de las Nacionales Unidas, Belén Sanz y el director de la Oficina de Atención Integral de Lucha contra las Drogas, Eduardo Díaz.

Unas 400 familias que viven de los cultivos de coca asistieron a la presentación del proyecto, que según explicó Pardo marca el inicio de la construcción de una hoja de ruta en la que los campesinos, las FARC y el Gobierno se deben comprometer con distintas acciones para cambiar su forma de subsistencia.

“En dos meses aspiramos a tener una hoja de ruta y los compromisos definidos para iniciar la sustitución. Esta es una medida de confianza”, explicó el consejero del posconflicto.

DIEZ VEREDAS

En Briceño, zona de alta vulnerabilidad donde la presencia de cultivos ilícitos ha sido persistente, se empezará una “transformación” en diez veredas: Orejón, Pueblo Nuevo, La Calera, La América, El Pescado, La Mina, Buena Vista, Altos De Chiri, Roblal y Palmichal.

Para lograrlo, los campesinos tendrán entre sus compromisos sustituir los cultivos, tumbar la coca, no resembrar, comercializar o estar en actividades ilícitas, mientras que el Gobierno debe garantizar estos programas se concreten durante el proceso.

Pardo advirtió que realizarán un “monitoreo preciso” de los cultivos para evitar que sigan sembrando coca, y no ocultó la “preocupación” que generó el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), divulgado el viernes en Bogotá, donde se evidenció que en Colombia estos cultivos se han disparado a las 96.000 hectáreas. (EFE)