Cooperativas mineras, ¿de vuelta a sus orígenes?

El cooperativismo minero en el sector no aurífero creció con el cierre operativo de las minas de Comibol, y se magnificó tremendamente a partir de 1986 porque Comibol empezó a cerrar sus minas debido al derrumbe del precio del estaño (1985), que causó el despido de unos 23.000 trabajadores. Existen cooperativas en todas sus minas, excepto Huanuni. El trabajo mecanizado y escasamente selectivo de las delgadas y pobres vetas en las que Comibol perdió millones de dólares, fue reemplazado por los cooperativistas con un laboreo artesanal o muy poco mecanizado, pero altamente selectivo, que utiliza gran cantidad de trabajadores, con el que lograron algunas utilidades incluso en épocas de precios bajos, mediante largas jornadas de trabajo, con el concurso de incluso otros miembros de la familia.

Los contratos de arrendamiento establecidos en épocas difíciles (que no se modificaron) establecen un pago de apenas el 1% del valor neto de venta (valor total de venta menos gastos de fundición). El paulatino incremento de su número, su no dependencia de empleador y su ubicación en relación con La Paz, centro político del país, les dio un ascendente poder social, económico y político con el que lograron diferentes beneficios de todos los gobiernos desde 1993 y en especial del actual.

En 1958 se iniciaron las cooperativas auríferas a las que se les dieron concesiones mineras en la provincia Larecaja del departamento de La Paz, que se incrementaron notablemente con la subida del precio del oro desde 2006. Las áreas adjudicadas a su favor se incrementaron de 47.153 hectáreas, en 2006, a 375.073 hectáreas a mayo de 2013.

Las cooperativas mineras lograron beneficios económicos que han debido sobrepasar los 100 millones de dólares (M$us). Además su Fondo de Financiamiento, entre 2009 y 2015 aprobó créditos por más de 26 M$us. Lograron también participación en los poderes Ejecutivo y Legislativo, en el cuerpo consular y en el Tribunal Electoral, convirtiéndose en fuertes aliados del actual Gobierno.

El tremendo incremento de los precios de minerales entre 2006 y 2014 permitió incrementar sus áreas de trabajo y lograr enormes utilidades, especialmente para dirigentes y connotados cooperativistas. Se contrató miles de trabajadores mal pagados, sin beneficios sociales y laboreo en deficientes condiciones de seguridad industrial. En ninguna época observaron las normas medioambientales y, ni en el período de auge, realizaron labores de exploración para conseguir nuevos parajes de trabajo. En el auge por primera vez consiguieron una veta virgen (Rosario en Colquiri) para poder trabajarla.

Concluido el ciclo de bonanza económica, es casi imposible que cualquier requerimiento sea atendido por el Gobierno, que más bien anunció decretar la sindicalización de los trabajadores de las cooperativas, la que fue rechazada por la dirigencia cooperativista, que además planteó se les permita firmar contratos con empresas privadas. Ante la negativa del Gobierno, en agosto pasado bloquearon varias carreteras de país. Los enfrentamientos con efectivos policiales provocaron 3 muertos entre los cooperativistas, que en represalia asesinaron a un viceministro, lo que le quitó fuerza a su movimiento, tuvieron que replegarse y sus dirigentes se encuentran perseguidos. A pesar que el Art. 65 numeral III de la Ley de Minería No 535 (28/05/14) establece claramente que las cooperativas mineras no participan en el directorio de Comibol, los dos directores cooperativistas se mantuvieron en el cargo, hasta que el 26/08/16, luego de los hechos luctuosos, la dirigencia de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia los expulsó de sus oficinas.

El 1 de septiembre pasado, el Gobierno decretó la reversión al Estado de las áreas en las que las cooperativas hicieron contratos con empresas privadas e incorporó a la Ley General del Trabajo a los empleados de las cooperativas.

Analizando las consecuencias de los decretos, será difícil la contratación de trabajadores incorporados a la Ley General del Trabajo y los cooperativistas, como en un principio, deberán trabajar en persona, por lo que aumentará la desocupación y habrá una caída de producción de este sector, que en el primer trimestre de 2016 representó el 34% de las exportaciones mineras (58% minería privada y 8% Comibol). Respecto a la reversión de áreas en contrato con empresas privadas, será imposible que estas áreas puedan ser objeto de contrato con Comibol, ya que el Art. 148 de la Ley de Minería No 535 la coloca en gran desventaja, al establecer que en los contratos de asociación debe percibir al menos el 55% de utilidades. Hasta ahora no hubo una sola empresa seria interesada en trabajar en sus áreas. Varias veces se hizo notar las desventajas de este artículo.

Interesa sobremanera hacer notar que en los contratos de cooperativas con empresas privadas, las cooperativas y Comibol recibían el 1,5% y 2,5% del valor neto de venta respectivamente. Las empresas pagaban además las regalías y el Impuesto a la Utilidad de las Empresas (25%) y su Alícuota Adicional (12,5%), algunas además el Impuesto a la Remisión de la Utilidades (8,4%), impuestos que no pagan las cooperativas.

¿Volverán las cooperativas mineras a sus orígenes?