Tira y afloja sobre el uso de dinamita

Después que el Gobierno prohibiera nuevamente por decreto supremo (1/09/16) el empleo de dinamita en marchas de protesta, bloqueos y otros, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) reunida en ampliado en Santa Cruz acaba de decidir “no acatar” dicha disposición. Esta desobediencia pone nuevamente en figurillas al Órgano Ejecutivo, que viene contradiciéndose en este tema. Resulta innecesario referirse a los argumentos de la Fstmb sobre el particular por conocidos, alrededor de la “tradición” de los trabajadores y que según anteriores declaraciones de las autoridades es “casi una cultura” de este sector. En todo caso no ocultan que se trata de un arma eficaz en sus luchas.

Solo en lo que va del año son 4 las víctimas fatales por manipulación de “cachorros” de dinamita; 3 antes del último conflicto cooperativista y 1 en este último, amén de decenas de policías heridos por este explosivo. Los mineros, a tiempo de comunicar su decisión, descartaron que la COB la hará suya de plano. No en vano el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, reconoció que el decreto supremo que autorizaba este uso fue a pedido de la COB y concedido “simbólicamente” para complacerla. En consecuencia, en último término, se legisla conforme a los caprichos de los aliados y no importa si se va contra la razón y la seguridad pública.

El Decreto Supremo 1.359 de 2012 prohibió la dinamita en manifestaciones, mitines, etc. A su vez, el 1 de mayo de 2016 mediante otra disposición se la autoriza para los mismos actos y, por último, el 1 de septiembre de 2016 se vuelve a la prohibición. El DS de autorización, de mayo de este año, no tenía validez -según el Ministro de Defensa- en vista de que la Ley 400 de Control de Armas dictada el año 2013 veta el uso de este tipo de explosivos. Sin embargo, como la voluntad de mando tiene más vigencia que las leyes, se siguió admitiendo lisa y llanamente el uso que nos ocupa, ocasionando varias de las indicadas muertes.

Formulado el desacato de la Fstmb y flotando esta conminatoria, el Gobierno no podrá romper con esa facción aliada y tendrá que levantar la prohibición o, por lo menos, hacerse de la vista gorda en circunstancias en las que las ciudades del país se vean intimidadas ante las explosiones en calles, avenidas y plazas.

El país vive bajo la amenaza de una fuerza armada dispuesta a imponer sus propias decisiones políticas, es decir, bajo el peso de una dictadura para la cual la voluntad ciudadana no cuenta o cuenta muy poco. De hecho en el cruento conflicto de los cooperativistas, esa fuerza puso en retirada a la Policía Nacional. ¿Tiene, entonces, el Estado el monopolio de la fuerza, como tantas veces pregonan los titulares del Estado real y no “aparente” del pasado?