Asaltos a propiedades públicas y privadas


 

Hay seria preocupación y angustia en la población por la cada vez mayor proliferación de delincuentes que se hacen de lo ajeno mediante asaltos a propiedades públicas y privadas. La mayor angustia radica en que no hay autoridad a la que se pueda acudir en pos de justicia y mucho menos para conseguir la devolución de los bienes que pasan por la fuerza a propiedad de los delincuentes. Lo más lamentable es que algunas autoridades que deberían reprimir estos delitos se convierten en cómplices de los asaltantes.

Se informa que existen algunos funcionarios de subalcaldías y Derechos Reales que son cómplices de muchos de estos delitos y son ellos los que legitiman, con base en documentos fraguados, la nueva propiedad de lo que se apoderaron ilegítimamente. Los asaltos a propiedades y fundos agrícolas en Santa Cruz y otras regiones del oriente, son más frecuentes porque no solo se instalan en las propiedades sino que se apoderan hasta del ganado, muebles y enseres que encuentran. Trámites se hace ante autoridades del INRA, pero poco o nada hacen por conseguir que se proceda a la devolución respectiva y mucho menos para que se aprese y sancione a los autores de los delitos.

En las ciudades y otros sitios poblados, abundan los loteamientos clandestinos y terrenos, así estén debidamente cercados y con sus respectivos muros y rejas, cambian de dueño en el momento menos esperado porque “aparecen” nuevos propietarios que alegan tener derechos; los legítimos propietarios poco o nada pueden hacer porque los loteadores se han encargado de proporcionar documentos, inclusive de Derechos Reales, que legitiman la nueva propiedad; investigados los hechos, se evidencia que los documentos han sido debidamente legalizados y es así como los papeles y títulos de propiedad originales de nada sirven porque “la autoridad se encarga de desconocerlos”.

La falta de las debidas delimitaciones provinciales y urbanas es motivo para que loteadores y dueños de lo ajeno se apoderen de terrenos ajenos. Muchas veces se ha pedido que el Instituto Geográfico Militar proceda -con los medios financieros e instrumentos necesarios- a delimitar propiedades en las diferentes regiones del país previa exigencia, para el caso de terrenos y lotes, de la documentación precisa que esté actualizada y, en concordancia con los municipios para que proceda a la entrega de nuevos documentos; lamentablemente, la medida requeriría nuevos gastos y sobre todo paciencia para que la burocracia pública pueda trabajar con la debida premura y eficacia.

El caso de las propiedades ilegítimamente tomadas en Santa Cruz y otros sitios, debe ser investigado y devueltos los bienes a sus respectivos dueños, conjuntamente ganado y otros bienes; no hacerlo implica descuido, negligencia y hasta complicidad de autoridad para no proceder conforme a normas legales.

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