El representante del Defensor del Pueblo en El Alto, William Max Torrelio, anunció una visita y verificación a los centros penitenciarios de Chonchocoro, Qalauma y Patacamaya, con la finalidad de establecer la situación actual de los privados de libertad.
Una de las principales preocupaciones del Defensor del Pueblo se refiere a la falta de la respectiva defensa legal, sobre todo en favor de los detenidos preventivos del sector minero, fuera de otras personas quienes están privadas de libertad, por temas más de bagatela.
“Vemos que algunos no cuentan con abogados, además que el último testimonio que fuimos a recoger era que les faltaba algunas frazadas, además de recibir las quejas de que se encontraban sin ninguna comunicación con sus familias y que la misma, al no ser fluida, ocasionaba la vulneración de otro de los derechos de este grupo de personas”, indicó.
Entre los privados de libertad del sector minero, quienes vivían en el interior del país como Cochabamba, Oruro, enfrentan una dificultad de no poder tener a sus familias los fines de semana, por ende el reclamo era la falta de una comunicación continua, por lo menos vía teléfono, aspecto que será verificado por parte de Max Torrelio.
La representación de la defensoría anunció que hará las gestiones correspondientes con la finalidad de que se logre una asistencia legal de estas personas, con la finalidad de poder continuar su respectiva defensa legal. Max Torrelio también dio a conocer que analizan en qué situación se encuentra el proceso legal de este grupo de personas (mineros).
De la misma forma se verificará la situación de otros privados de libertad, quienes enfrentan su proceso legal, en hechos de bagatela.
Mientras que en el centro de rehabilitación de Qalauma, la Defensoría también observa la situación en la que se encuentran los menores infractores, desde la situación procesal y sobre todo la defensa legal que debe ser asistida, exigiendo la aplicación de la Ley 548 referido al Código Niña Niño y Adolescente.
“Nuestra preocupación es que existen algunas personas que están infectadas con el VIH/Sida, que estamos pendientes de que ellos deban recibir el tratamiento correspondiente a las consultas médicas, es por eso que al igual que en otros centros penitenciarios, se analice la situación de cada uno de los procesos y la defensa legal”, añadió.
En tanto en el centro penitenciario de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha, uno de los temas pendientes se refiere a la existencia de mantener la atención de los servicios básicos, como energía eléctrica y agua potable, además de mantener vigente los medios de comunicación correspondiente.
Estas inspecciones realizadas por parte de la Defensoría del Pueblo de la Regional de El Alto tienen otras tareas como las inspecciones a unidades educativas con la finalidad de analizar el suministro de agua potable, al igual que la visita a centros de salud, tanto por el tema de dotación de medicamentos, trato a adultos mayores y el suministro de agua potable.
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