Almte. (sp) Jorge Botello Monje
En los últimos años los políticos chilenos han sido sacudidos por denuncias de corrupción. Ahora parece ser el turno de Sebastián Piñera.
El ex presidente, al asumir como tal, encargó la administración de 400 millones de US$, parte de su capital, a un fideicomiso ciego. Así, aparentemente, evitaba un conflicto de intereses entre su cargo y la actividad de sus empresas. Pero dejó 1.700 millones de US$, un monto significativamente mayor, fuera del fideicomiso y bajo dependencia del grupo Bancard, administrador de su patrimonio. Según los medios de comunicación chilenos, esa entidad, mientras su país y Perú se enfrentaban en La Haya, habría comprado acciones de una empresa pesquera peruana, supuestamente con intereses en la zona en litigio. Esto convirtió al entonces presidente en accionista de dicha pesquera, hecho que, según él, ignoraba, pese a que uno de sus hijos formaba parte del directorio del grupo citado.
Además, señalan las publicaciones, la argumentación peruana que influyó en la delimitación marítima decidida, referida a la pesca y su acceso en la zona en disputa, así como a los efectos de las corrientes de Humboldt y del Niño, no habría sido refutada por Chile, favoreciendo al Perú.
Piñera calificó dichas denuncias como un acto miserable, sin embargo la prensa afirma que son resultado de un trabajo de investigación periodística y de hechos verídicos.
Recordemos que durante las negociaciones Piñera impulsó lo de “cuerdas separadas”, esto implicaba que mientras se tramitaba la demanda, las relaciones comerciales continuaban. Parecía una actitud sensata dirigida a atenuar los efectos negativos, en los vínculos bilaterales, que podría agudizar el fallo, sin embargo, de ser ciertas las denuncias presentadas, habría sido una forma de preservar intereses particulares, entre ellos el del mismo ex presidente.
Así es como sectores privilegiados de la sociedad chilena engañan a sus conciudadanos y aprovechan para enriquecerse. Dicen defender el beneficio de todos, pero, en realidad, defienden sus propios negocios.
Lo mismo ocurrió en 1879 cuando invadieron nuestro territorio argumentando la defensa de intereses chilenos, aunque, verdaderamente, se trataba de capitales privados nacionales y extranjeros que se beneficiaron, significativamente, gracias al sacrificio de los que pelearon, por ellos, esa guerra. Por esto, en el Senado chileno, el vicepresidente decía que en esas circunstancias cada ciudadano estaba obligado a prestar su contingente sea de su sangre o de su haber y exigía que: “…era justo igualar la condición de los socios de esa compañía con la del resto de los ciudadanos”. Se refería a la Compañía de Salitres de Antofagasta.
Considerando la oposición de Piñera a nuestro reclamo y ante la posibilidad de que sea reelegido, tal vez se le debiera ofrecer la participación en negocios en la futura costa boliviana. Quién sabe si así cambie su actitud frente a Bolivia.
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