Cooperativas auríferas no declaran producción

Hay hechos que el gobierno no toma en cuenta ni menos adopta las medidas que corresponde: el caso de cooperativas auríferas en Riberalta y otros sitios del país que no declaran la producción de oro y menos pagan algún tributo o derecho, es patético y ha sido denunciado por vecinos, organizaciones cívicas y hasta religiosas. El caso llega al extremo de que la Empresa Boliviana del Oro, creada en diciembre de 2010 está al borde de cerrar sus oficinas debido a que las cooperativas del oro que extraen el metal precioso del caudaloso río Madre de Dios, generalmente en horarios nocturnos, han dejado de entregar su producción a la entidad estatal porque se niegan a pagar el 8 por ciento de su producción.

Según las informaciones existen en la región 12 cooperativas asociadas en Asobal Madre de Dios, gozan de concesiones pero evaden declarar su producción. El oro que era declarado hasta hace unos años y que llegaba a los 150 kilos era entregado al Banco Central. El Vicariato de Riberalta explicó que “ríos arriba operan unas 700 barcazas, que el extenso río se ha convertido en “tierra de nadie” por la acción de quienes explotan el metal precioso”. Según los propios lancheros, la producción se vende en Brasil y Perú mediante el contrabando. La cotización de una onza troy (31 gramos) es de 1.348 dólares según el Ministerio de Minería.

Investigación realizada por EL DIARIO (23/8/16), señala: “las barcazas llevan un poderoso motor japonés, mediante el cual las cooperativas extraen el oro del lecho del río y lo depositan en una especie de mesa de concentración donde se mezcla con mercurio que hace posible la precipitación del metal. Las barcazas no tienen propulsión propia y son trasladadas río abajo mediante lanchones que tienen motores fuera de borda hasta las áreas de las concesiones de las cooperativas”.

El caso no debe ser el único porque Riberalta es una parte del territorio nacional que necesita control y vigilancia gubernamental. Lo importante sería que el gobierno o más propiamente el Ministerio de Minas realice inspecciones periódicas a los yacimientos auríferos que hay en el país, establezcan su producción y las condiciones en que lo hacen; es importante conocer si entregan su producción al Banco Central y además, si pagan los tributos que señalan las leyes. No conviene olvidar que el contrabando invade toda actividad productiva del país y el oro tiene que tener prioridad para quienes manejan la economía informal.

Descuidar este problema no es otra cosa que incitar a que nuevos explotadores de oro surjan en el país y, aprovechando los canales del contrabando realicen pingües negocios en países como Brasil, Chile, Perú, Argentina y Paraguay que, con seguridad, cuentan con los enlaces respectivos para evitar que el contrabando sea detectado. Descuidar este aspecto de la economía productiva del país sería irresponsable por lo negativo para la economía nacional.