Gobierno en 2016 agudizó sus ataques a la prensa

En 2016 varias autoridades del actual Gobierno realizaron sendos ataques a periodistas y medios de comunicación no alineados a la política oficialista, tales agresiones se intensificaron desde el resultado del referéndum de 21 de febrero, que fue negativo para el Movimiento al Socialismo (MAS), porque la población rechazó una posible tercera repostulación de Evo Morales.

Calificativos como “mafia mediática”, “conspiradores” y “cartel de la mentira” fueron algunas adjetivaciones que ocasionaron también ataques contra la integridad física de periodistas, fotógrafos y camarógrafos. Los agresores fueron organizaciones sociales afines al Gobierno, funcionarios públicos y policías.

MEDIOS INDEPENDIENTES

La intención del Gobierno de descalificar a los medios de comunicación independientes a intereses oficialistas se plasmó el último mes del año, en un documental que anunció a través de su cuenta personal de tuiter el propio presidente Evo Morales, quien invitó a toda la población ver el material que fue difundido en salas de cine que el Gobierno contrató y a las que la gente podía asistir de forma gratuita.

Sin embargo, a pesar del anuncio y propaganda en medios estatales, el material pasó desapercibido para gran parte de la población.

El encargado de la ejecución de este trabajo fue el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien, a pedido de la diputada opositora Norma Piérola, fue interpelado el 19 de mayo por el Legislativo, por los indicios de corrupción y presunto tráfico de influencias, escándalo que se generó tras que la sociedad conociera a Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales.

AFAN DESESTABILIZADOR

Con el calificativo de “cártel de la mentira”. Quintana atacó a varios medios entre ellos la Agencia de Noticias Fides, el periódico El Deber, Página Siete y Erbol de ser parte de la estrategia de la oposición que, junto a la Embajada de Estados Unidos, tiene afanes desestabilizadores y de manejar el caso Zapata como una “coartada más ruin para atacar al proceso de cambio”.

Los periodistas Carlos Valverde, quien sacó a luz el caso Zapata, además de Amalia Pando y Andrés Gómez, fueron también vinculados con un supuesto plan de desestabilización en contra del Gobierno.

“MAFIA MEDIÁTICA”

También el vicepresidente Álvaro García arremetió contra los mismos medios, además del periódico Los Tiemposm de Cochabambam calificándolos como una “mafia mediático-política”. Los calificativos fueron por el mismo escándalo: Gabriela Zapata.

“(Gabriela) Zapata, sus abogados, una rosca de medios de comunicación mentirosos y unos políticos traficantes hicieron el peor engaño de la historia de Bolivia. No engañaron a Evo (Morales), engañaron a Bolivia. Esta rosca, esta mafia mediático-política le mintió a Bolivia”, sentenció García en un congreso de comunidades interculturales en Chimoré, Cochabamba. En esa oportunidad sentenció “que los responsables deben ir a la cárcel”.

El Primer Mandatario, atacó también a los medios de comunicación y periodistas. En varias oportunidades aseguró que son sus principales enemigos y convocó en la “Cumbre continental de comunicadores indígenas”, que se realizó en noviembre, que este sector de la sociedad enfrente a los medios “hegemónicos”. Citó, como ejemplo de ellos, a la cadena estadounidense CNN en contraste con la cadena venezolana Telesur.

SIP

En ese marco, la Sociedad interamericana de la Prensa (SIP) pidió al Órgano de Justicia, al Gobierno central y a las organizaciones sociales, respetar la Ley de Imprenta, el trabajo de los periodistas bolivianos y no judicializar su labor, porque su participación y aporte a la sociedad es la muestra más grande de democracia.

La entidad expresó su alarma por los varios casos públicos de ataques a los periodistas, camarógrafos, fotógrafos, en protestas sociales.

“Pedir al gobierno cesen los ataques verbales contra periodistas y medios de información, al atribuirles responsabilidad por los conflictos que enfrenta, porque generan una peligrosa corriente que podría derivar en acciones violentas contra los comunicadores.