Fiscal que dejó libre al ‘Borolas’ investigará atentado contra policía

Susana Boyán, la polémica fiscal que rechazó la denuncia por asesinato de otro joven y permitió que Miguel Ángel Suaznabar Portillo, alias el ‘Borolas’, continúe en libertad, fue nombrada el viernes como responsable de la investigación del atentado con arma de fuego que sufrió el pasado 14 de enero, el sargento José Fernando Apaza Aspi. Investigación en la cual hace 11 días no se tiene realizada ninguna pericia, según confirmó el abogado de la familia del uniformado, Erick Rollano.

El sargento Apaza fue víctima de cuatro disparos a quema ropa realizados por Rodrigo Guachalla Laime, a quien interceptó en la callen Comercio luego de este robara a una librecambista en la avenida Camacho. El efectivo aún se encuentra internado en el hospital Obrero, ya que los disparos perforaron órganos vitales.

Respecto del nombramiento de Boyán, el comandante nacional de la Policía, general Rino Salazar, expresó a EL DIARIO sus reservas respecto del trabajo de Boyán y recordó que para hacer el seguimiento del caso del sargento Apaza, la Policía se constituyó en parte querellante.

Según la autoridad, una vez realizada la captura de los delincuentes, basados en elementos de convicción que son presentados ante el fiscal y los jueces, estos están en la obligación de valorarlos y ordenar la detención preventiva.

NO HAY INVESTIGACIÓN

Por otro lado, Rollano lamentó que el Ministerio Público a una 11 días de sucedido el hecho no ha realizado ningún acto investigativo luego de que se realizó el día del hecho cuando otro efectivo capturó al delincuente a pocos metros de donde efectuó los disparos contra Apaza.

“No se conoce del protocolo de la recolección de las evidencia, la misma imputación cuenta con varias observaciones como la falta de datos de las propias víctimas”, señaló Rollano.

PLAZOS

La juez que llevó adelante la medida cautelar contra Guachalla, también definió que al tratarse de un delito en flagrancia el plazo de la investigación debe cerrarse en 30 días, al término de los cuales la fiscal debe presentar un requerimiento conclusivo para que el caso pase a juicio, evitando la dilación. Sin embargo, según Rollano, la familia teme que esto no suceda y la falta de seguimiento al caso, pueda beneficiar al delincuente.

Para evitar este aspecto Rolano se vio obligado a ser quien pida que se emitan los requerimientos respectivos para la investigación, con el fin de que algunas pruebas se pierdan.

En este sentido, el viernes, antes del nombramiento de Boyán, Rollano presentó los memorias para que la fiscal Boyán ordene el secuestro de las grabaciones de las cámaras de seguridad, las pruebas dactilares en los elementos recolectados como son los casquillos y el arma de fuego que usó el delincuente, así como se establesca el origen de la misma.

Otra pericia solicitada por la familia es la comparación de las muestras de sangre que se recolectaron en la escena del crimen y la ropa del efectivo y el delincuente.